El problema de España

Ha hablado el lendakari. Quiere convertir el País Vasco en un Estado Libre Asociado a España. Y se ha organizado la marimorena. No es para menos.

Cuando el nacionalismo vasco, tras el decisivo giro de estrategia culminado en el Pacto de Lizarra, ganó las últimas elecciones autonómicas, algunos quisieron ver en el lendakari Ibarretxe la voz de la moderación. Quizás por ello le atribuyeron en exclusiva el mérito de la victoria electoral frente a las posiciones radicales encarnadas en Arzallus y la dirección de su partido.

El resultado electoral era no sólo la confirmación de la torpeza de los partidos estatales que habían demonizado el nacionalismo sino, a la vez, una apuesta de la sociedad vasca y del conjunto del electorado nacionalista por un lendakari que no había tenido ni mucho ni poco que ver con la estrategia de Lizarra y parecía más apegado a los problemas de la vida cotidiana que a las grandes proclamas ideológicas.

Había que esperar y ver si los anuncios de rectificación de una estrategia, fracasada en relación con el terrorismo y profundamente divisoria de la sociedad vasca, fructificaban en la realidad o, simplemente, se veían sometidos a un compás de espera. A estas alturas no parece que la rectificación se haya producido y la espera ha llegado definitivamente a su fin. Es una desgracia. Y a quien esto escribe no le sirve de alivio haber disentido profundamente de los análisis anteriores.

Ya sabíamos que había problemas no resueltos en la España democrática. El del País Vasco, sin duda, era el más grave. Confiábamos en el tiempo y en la razón democrática para irlo conllevando, incluso si no veíamos una solución definitiva. Ahora vuelve a plantearse con la mayor de las crudezas. No porque una banda terrorista emplace al Estado democrático en nombre de la fuerza sino, lo que es mucho más grave, porque un partido político, el más importante del País Vasco, ha dado definitivamente por roto el arreglo constituyente en que se funda la autonomía y el entendimiento entre los demócratas vascos. Para mayor desgracia y confusión, la actuación del lendakari no es independiente de la existencia de ETA sino que se produce a su rebufo.

En el debate político de estos días aparecen varias líneas argumentales. Junto a la reacción airada o la simulación de la sorpresa infinita ante el planteamiento del lendakari vasco, dos tipos de estrategia se disputan la razón política en la conducción del asunto.

Una primera, sin renunciar a las condenas de ritual de tan desestabilizadora iniciativa, establece su existencia como la consecuencia previsible de la estrategia seguida por el Gobierno del señor Aznar. Ha sido tan brutal y sin matices el enfrentamiento entre el PP y su Gobierno con las instituciones vascas -señalan algunos analistas y políticos- que ahora cosechamos los frutos esperables.

O, simplificadamente, la responsabilidad de la iniciativa de Ibarretxe es del señor Aznar, que nunca ha entendido el País Vasco ni la dimensión constituyente del problema vasco como problema de España.

Al razonar de este modo, algunos creen hacer un favor a las posibilidades electorales del PSOE que, por distante que se sienta del señor Aznar, nunca llegará a creer -eso espero, al menos- semejante patraña.

Claro que la consecuencia del análisis es que si no es políticamente hábil ni correcto enfrentarse al nacionalismo gobernante, la forma de responder al reto es no darse por aludido o, al menos, no levantar la voz. Se trata de no añadir más motivos para consolidar la actitud victimista del nacionalismo. Lo que deja sin explicar cómo las beatíficas llamadas al diálogo y a la razón constitucional pueden constituir, por sí solas, la respuesta política adecuada a la medida del reto planteado.

Pero hay otros, los que podíamos llamar los duros, dispuestos a envolverse en la bandera (constitucional, por supuesto) y a seguir el camino del conflicto hasta donde sea necesario. El señor Fraga ya nos ha recordado los artículos de la Constitución que están disponibles para conjurar las veleidades secesionistas. Ignoro si se ha parado a pensar cuánto ayudaría la suspensión de los poderes estatutarios a la estrategia de dar por finiquitado el Estatuto de Autonomía del País Vasco.

Digámoslo con claridad, la aplicación de la ley -constitucional y estatutaria- es la única garantía y la única fuente de legitimidad democrática existente. Lo que, sin embargo, está muy lejos de garantizar el fin de un conflicto en que se plantea abiertamente la negación (superación, es el eufemismo al uso) de semejante legalidad. Hay otras cosas que resultan más relevantes en un conflicto de esta naturaleza. Como tantas otras veces la clave está en el nacionalismo o, mejor dicho, en los nacionalistas.

Identificar la posición adoptada por Ibarretxe con el pensamiento y los intereses de todos los votantes nacionalistas es desconocer la variedad de componentes del nacionalismo vasco. E identificar a todos los miembros del PNV con las posiciones radicales que encabeza hoy Xavier Arzallus es ignorar las dificultades reales de expresión pública en un partido que, al modo de una iglesia, penaliza severamente la disidencia.

La política constitucional ha de ser capaz de establecer -o de restablecer- los puentes con esa parte de la comunidad nacionalista que nunca ha entendido el País Vasco en una clave unidimensional, mucho menos como un proyecto de exclusión de quienes no son nacionalistas. Que nunca se ha sentido ajena a la realidad humana, social económica y política que es España y cuyos componentes no sólo quieren preservar sus propias convicciones sino que están convencidos de que esas convicciones casan bien con sus legítimos intereses personales -económicos, familiares, culturales- y colectivos.

El lendakari no es tan ingenuo como para ignorar que su iniciativa no puede triunfar. De hecho, no se plantea para que triunfe, al menos para que triunfe ahora con las reglas de juego que un día nos dimos en común.

Lo que resulta democráticamente repulsivo, sin embargo, es que el primer dirigente de la sociedad vasca sitúe su ideología y la estrategia de su partido por encima de la dramática situación social y de las penalidades que aquejan a la mitad no nacionalista de la población. Una población que verá agravada su situación en el proceloso camino hacia el añorado Estado Libre Asociado.