El Gobierno prevé ejecutar en tres meses el 60% de las obras previstas

El Gobierno ha decidido dar un impulso a la ejecución de las inversiones previstas para este año en los Presupuestos, que cuentan con un retraso considerable, como ya ha ocurrido en ejercicios precedentes.

Según datos de la Intervención General de la Administración del Estado (Igae), la ejecución de las obras hasta agosto tan sólo representaba un 32% del previsto para todo el año (unas obligaciones reconocidas de 2.267 millones de euros frente a unos créditos totales de 7.094 millones de euros), un porcentaje nada satisfactorio.

La explicación se encuentra, en parte, por la maquinaria presupuestaria que, una veces por excesiva burocracia y otras por la tardanza en las autorizaciones de gasto, condiciona sobremanera el desarrollo de las inversiones previstas. Por otro lado, incide el proceso de transferencias a las comunidades autónomas.

Para lo que queda de año, el Ejecutivo ha previsto acelerar las obras dependientes de los principales ministerios inversores (Fomento y Medio Ambiente), de tal forma que a finales del ejercicio se alcance un porcentaje de realización del 93,3%. Esta previsión, de hacerse realidad, sería la más alta registrada desde 1995, y supondría dos décimas más que la realizada en 2001 (93,1%). El tirón inversor de última hora coincide con el intento del Ejecutivo de reactivar la economía por el lado de la demanda, ante un entorno generalizado de desaceleración.

Prioridad presupuestaria

De hecho, una de las prioridades para el próximo año, incluida en los Presupuestos Generales del Estado, es la actividad inversora, junto al gasto social y la seguridad ciudadana.

Está previsto que tanto la inversión en infraestructuras como la dedicada a investigación, desarrollo e innovación (I+D) crezcan un 8,3%. El esfuerzo global inversor del Estado alcanzará los 15.584 millones de euros, un 6,8% más, al que hay que añadir el del sector público empresarial (otros 10.446 millones de euros).

El objetivo es paliar en parte el déficit inversor que tiene España en relación con la Unión Europea. Ello se expresa en la mejora de ratios, como el stock de capital por empleado, en los que España se encuentra a la cola de los principales socios comunitarios.

En cuanto al sector público empresarial, destaca la labor del Gestor de Infraestructuras Ferroviarias (GIF), que tiene previsto comenzar ya a cobrar el próximo año por los servicios prestados. En concreto, y según se estipula en el proyecto de Ley de Acompañamiento de los Presupuestos de 2003, el GIF podrá cobrar hasta nueve tasas diferentes por la utilización de las infraestructuras.

La asignación de capacidad y supervisión de la circulación de los trenes constituirá una de las tasas; la circulación en sí misma será objeto de otra de ellas (se cobrará a Renfe), así como el suministro de energía eléctrica de tracción a los trenes.

La inversión prevista para 2003 de entes inversores anexos al Estado como el GIF alcanza los 4.923 millones de euros, que se computan como aportaciones patrimoniales del Estado sin que generen déficit en términos de contabilidad nacional.

2.290 millones quedarán sin gastar en 2003

 

La dificultad en ejecutar al 100% lo previsto en el Presupuesto no es nada nuevo. En los últimos ocho años se ha incumplido de forma sistemática, aunque se ha superado el 90% en la mayoría de ellos. Para el próximo ejercicio, el Gobierno ya ha calculado que 2.290 millones de euros (el 2% de los créditos totales) quedarán sin gastar en 2003. La razón, según el Ejecutivo, es la complejidad en llegar hasta el final en todos los compromisos, en un Presupuesto tan grande como el del Estado (cuenta con un límite de gasto de 114.517 millones de euros).

 

 

 

 

 

 

 

El gasto no ejecutado es una de las partidas de ajustes para pasar del presupuesto de caja (mide ingresos y gastos cuando pasan por tesorería) al expresado en términos de contabilidad nacional (mide ingresos y gastos cuando se devengan). Para el próximo año, el déficit del Estado previsto en términos presupuestarios asciende a 8.821 millones de euros, mientras que el déficit en contabilidad nacional es de sólo 3.577 millones de euros (el 0,5% del PIB). La diferencia estriba en los ajustes que hay que realizar para pasar de caja a contabilidad nacional, entre ellos, el gasto previsto que no se va a ejecutar. Otro ajuste es el diferente criterio que se utiliza para computar el pago de intereses de la deuda, y por el que hay un desvío de otros 2.754 millones.