El PSOE critica al Gobierno por incumplir el Pacto de la Justicia con la tasa judicial
Una vez que el ministro de Justicia, José María Michavila, despejó públicamente cualquier sospecha sobre la posibilidad de que los ciudadanos pudieran llegar a pagar tasas judiciales por acceder a la justicia, la cuestión se centra en las grandes empresas y bancos sobre los que supuestamente recaerían.
El departamento que dirige Michavila apuesta, en principio, por la idea de que el mundo empresarial y financiero pague tasas judiciales para disminuir la litigiosidad y financiar la modernización de la justicia.
El dirigente del PSOE Juan Fernando López Aguilar asegura que 'no existe previsión sobre tasas judiciales en el Pacto de Estado para la Justicia, porque lo que sí hay es un compromiso de financiación con cargo a los Presupuestos, ya que la justicia es un servicio público y un derecho fundamental'. Añade que 'la postura del Gobierno es congruente con su idea de privatización de los servicios públicos como la educación y la seguridad. Es decir, el que quiera este servicio que lo pague'. El representante del PP, Andrés Ollero manifestó que aún no hay posturas definidas entre los integrantes del Pacto de Estado para la Justicia, pero señaló que fue CiU la que planteó el asunto aunque 'como medida para acabar con el aumento artificial de la litigiosidad'. Manuel Silva, de CiU, asegura que están abiertos al diálogo, siempre que el Ministerio de Justicia presente estudios documentados sobre lo que se hace en otros países de la UE.
La Asociación Profesional de la Magistratura, en boca de su portavoz, Vicente Magro, defiende que 'quien más utilice la justicia abone un canon'. Añade que 'en cuanto comiencen a funcionar los juzgados de lo mercantil las empresas van a encontrar una mejoría en el servicio público que no desmerecería que fuera acompañada con el pago de una tasa'.
Jueces para la Democracia se opone. Su portavoz, Miguel Carmona, afirma que 'el cobro de tasas no compensaría económicamente. Además consideramos que establecerlas sólo para las grandes empresas sería inconstitucional'.