El Tribunal de la UE revoca la prohibición del Renove de camiones
El Tribunal de Justicia de la Unión Europea anuló ayer parcialmente la decisión comunitaria que condenó uno de los programas de ayudas del Gobierno español para la renovación del parque de vehículos industriales. El tribunal, con sede en Luxemburgo, admite que los 47 millones de euros (7.900 millones de pesetas) concedidos a través del plan Renove (1995-1996) constituyeron una ayuda de Estado. Pero la última instancia judicial anula la decisión de la Comisión Europea que declaró incompatibles esas ayudas con el mercado único y solicitó su devolución.
El tribunal considera, por una parte, que las ayudas concedidas a los particulares, dada su escasa cuantía, deberían haberse beneficiado de una exención de las reglas sobre ayudas de Estado. En cuanto a las que obtuvieron los transportistas profesionales, el tribunal estima que la Comisión acertó al calificarlas de una distorsión a la competencia. Pero el organismo comunitario erró, según el fallo dictado ayer, al no tomar en cuenta las justificaciones del Gobierno español sobre el beneficio medioambiental de la subvención. El Tribunal recuerda a la Comisión que la UE dispone de directrices comunitarias en materia de ayudas de Estado para la protección del medio ambiente y, a pesar de ello, Bruselas no permitió que España defendiera, 'en perfectas condiciones', sus derechos.
Las autoridades de competencia de la Comisión Europea dictaminaron el 1 de julio de 1998 en contra del plan Renove, destinado a incentivar la sustitución de vehículos comerciales. Bruselas sólo autorizó entonces las ayudas para la adquisición de vehículos destinados al servicio público o de tara inferior a 3.500 kg, por considerar que era la única gama de vehículos cuya comercialización tenía escasas implicaciones transfronterizas.
Vehículos industriales
El plan de ayudas se prolongó de agosto de 1995 hasta diciembre de 1996 y subvencionó, mediante una reducción en los tipos de interés, la renovación del parque de camiones, autobuses y furgonetas. La financiación total prevista ascendía a 54 millones de euros (9.000 millones de pesetas), pero la Comisión Europea inició una investigación en mayo de 1996 sobre la posible ilegalidad de unos incentivos que, según su análisis, no contribuían a reducir el número de vehículos en un sector saturado.
El Tribunal de la UE ha fallado, cuatro años después de la decisión comunitaria, en contra de los argumentos de los Servicios de Competencia.
La segunda parte también puede ganar el caso
El fallo judicial de ayer a favor de los incentivos fiscales para la renovación del parque automovilístico augura un resultado similar para la segunda edición de esas ayudas. Al igual que el plan Renove en 1998, el Renove Industrial II fue considerado ilegal por la Comisión Europea en el año 2000. España recurrió ambas decisiones. Ayer obtuvo la anulación de la primera; el segundo caso apunta en la misma dirección. El ponente del Tribunal de Justicia de la UE leyó sus conclusiones sobre el Renove II el pasado 10 de septiembre y propuso que se anule la decisión y se condene a la Comisión a pagar las costas judiciales.