Michavila desautoriza a Hernando y niega la imposición de tasas judiciales
El discurso del presidente del CGPJ y del Tribunal Supremo, Francisco Hernando, ha levantado ampollas entre políticos, asociaciones de consumidores, profesionales del derecho y la magistratura y el mundo empresarial. Hernando planteó el pasado lunes, durante el acto de apertura del año judicial, la reimplantación de las tasas judiciales, un pago para acceder a la justicia y, de esa forma, financiar su reforma. El ministro de Justicia salió ayer al paso de la polémica y aclaró que las tasas judiciales no se recuperarán.
Las críticas a la propuesta de reimplantar tasas judiciales para financiar la justicia realizada por el presidente del Poder Judicial, Francisco Hernando, durante el acto de apertura del año judicial no se han hecho esperar. El PSOE, cofirmante con el PP del Pacto de Estado para la Justicia, expresó ayer su más enérgico rechazo a la introducción de tasas judiciales por ir en contra del espíritu del Pacto de Estado, al tratarse de una medida basada en criterios económicos.
Pero el propio PP se desmarcó ayer de la propuesta. Su portavoz en el Congreso, Luis de Grandes, calificó de 'personales' las manifestaciones realizadas por el presidente del Poder Judicial y aseguró que esta cuestión no se ha planteado en el marco del Pacto por la Justicia.
Sin embargo, el anuncio de Michavila y el desmarque del PP chocan con la intención declarada por el anterior ministro de Justicia, Ángel Acebes, que el pasado 9 de mayo aseguró que 'merece la pena reflexionar sobre la introducción de tasas o de contribuciones exclusivamente para entidades como bancos, compañías aseguradoras, financieras o grandes empresas con un gran capital social, que tienen siempre un número de procedimientos judiciales muy amplios y deberían contribuir al sostenimiento, mejora y reformas de la justicia'.
Una idea que no agrada al decano del Colegio de Abogados de Madrid, Luis Martí Mingarro, quien afirma estar en contra de las tasas judiciales. 'Sólo podría reflexionarse sobre su posible implantación para pleitos de contenido mercantil, de contenido económico y patrimonial'. Fuentes jurídicas del sector asegurador califican por su parte la propuesta de 'atraso' y señalan que la supresión de las tasas se llevó a cabo 'en el marco del Estado de Derecho y como premisa para posibilitar el acceso a la justicia' tanto de ciudadanos como de empresas. Además, recuerdan que el peso económico de la adopción de la medida en el sector de los seguros recaería especialmente sobre los clientes, puesto que son éstos los que suelen adoptar el papel de demandantes y serían por tanto ellos los que tendrían que pagar las tasas.
El enfoque de Antonio Hierro, socio director del área contenciosa del bufete Cuatrecasas, es opuesto. Hierro, quien se muestra partidario de la reinstauración de las tasas, considera que su supresión en 1986 'fue una medida populista' con la que, en su opinión, no se eliminó el coste de litigar para los ciudadanos, sino que se desplazó del bolsillo de los usuarios hasta los fondos de los Presupuestos Generales del Estado. 'El debate aquí es muy claro. Se trata de decidir si ese coste debe pagarlo el usuario o todos los ciudadanos. En mi opinión, deben ser los usuarios, de una forma ajustada y adecuada al servicio que reciban'. Por su parte, la Confedaración Española de Consumidores y Usuarios, a través de su portavoz, Antonio López, calificó ayer la iniciativa de 'mala noticia' y recordó que el objetivo debe ser abaratar la justicia, 'no encarecerla'.
La polémica divide a los jueces
Entre jueces y fiscales no hay unanimidad sobre si es conveniente recuperar las tasas judiciales o no. La mayoritaria Asociación Profesional de la Magistratura apoya al presidente del Poder Judicial, Francisco Hernando.
El portavoz, Vicente Magro, dijo que les parece 'positivo como medida para financiar la justicia. Esto no supone que en términos absolutos se deba pagar por la justicia porque no se rompe el sentido de justicia gratuita'. Matizó que 'se tendría que determinar en qué casos deben exigirse las tasas'.
El portavoz de Jueces para la Democracia, Miguel Carmona, se mostró rotundamente contrario, ya que supondrían un 'obstáculo al derecho fundamental de acceso a los tribunales'. Explicó además que cuando existían los 'esfuerzos que se dedicaban a la gestión de las tasas no compensaba lo que se recaudaba'.
Antonio Camacho, portavoz de la Unión Progresista de Fiscales, se mostró contrario a imponer tasas por el uso de la justicia, ya que en su opinión 'se trata de un servicio público'.
José Antonio Martín-Caro, portavoz de la Asociación de Fiscales, cree a título personal que las tasas 'tendrían escasa capacidad disuasoria sobre los usuarios que quieran acudir a los tribunales'.
Luis Martín Contreras, secretario judicial de la Audiencia Nacional, es contrario al sistema de tasas que existió en su día pero, considera 'razonable implantar un sistema de pago para las grandes empresas y bancos que utilizan el servicio social de la justicia'.