El modelo de salario social de Zaplana
Las amas de casa valencianas con ancianos a su cargo perciben una ayuda desde que en 1995 Eduardo Zaplana prometió 'un sueldo para las amas de casa' y ganó las elecciones. Como ocurre con casi todas las promesas electorales, el presupuesto limitó mucho el alcance de la medida, de la que se benefician cada año entre 3.000 y 6.000 personas (7.046 en 1999, cuando hubo elecciones autonómicas).
El 'sueldo' quedó en la práctica en una ayuda de entre 90,15 y 180,3 euros mensuales, según la renta, con tales limitaciones que la mayoría de amas de casa no pueden acogerse al programa. Entre los requisitos exigidos a las beneficiarias están tener más de 45 años -el anciano a cargo debe superar los 75-, no percibir ningún ingreso, salvo, en su caso, la pensión mínima de viudedad, y una renta familiar que no supere los 4.958 euros per cápita.
Siempre hay más solicitudes que presupuesto y quienes no se dan prisa quedan fuera, porque la Generalitat cierra el grifo cuando se acaba el dinero.
En 2001 se beneficiaron 6.086 personas y de 2002 'aún no hay datos', según un portavoz, pese a que el plazo de solicitud concluyó el 31 de enero. Sin embargo, el presupuesto de este año -6,01 millones, un 41% menos que en 2001- no da para mucho. En 1997 eran 200.000 euros más y se beneficiaron 4.395 amas de casa.
El ahora ministro de Trabajo y Asuntos Sociales dijo el pasado 10 de septiembre en el Congreso de los Diputados que quiere extender a toda España la llamada 'ayuda a las amas de casa', que en realidad es una ayuda para que los ancianos no acaben en residencias, como reconoce la propia Generalitat al incluirla en el presupuesto de 'ayudas a la tercera edad'.
El anuncio resulta efectista -como en su día lo fue el 'sueldo para las amas de casa'- y resulta barato para las arcas del ministerio, ya que las competencias en la materia son de las comunidades autónomas, como admitió Zaplana. De hecho, no concretó -no podía- la cuantía de las ayudas, aunque sí dijo que generarían un gasto 'considerable'.
Esta propuesta del ex presidente valenciano, incluida en un paquete de medias sociales, es sólo una de las ideas ensayadas en la Comunidad Valenciana que el ministro quiere aplicar en toda España. Las otras tienen que ver con la privatización de servicios públicos, como las residencias de ancianos.
Privatizar los asilos
La idea de privatizar los servicios sociales, referida en este caso a las residencias de ancianos, ya ha sido puesta en práctica por el Gobierno de Eduardo Zaplana en la Comunidad Valenciana en ése y otros ámbitos, como la sanidad.
En sus siete años al frente de la Generalitat Valenciana, Zaplana se promocionó como político liberal y puso en marcha la privatización de servicios públicos, además de favorecer la mayor participación de empresas privadas, mediante conciertos, en prestaciones como la sanidad y la educación.
Un liberalismo que contrastó con su intervencionismo en el sector turístico, con la promoción de varios parques temáticos que partían de iniciativas privadas; la distribución, con la prohibición de licencias a hipermercados, o la energía, donde llegó a crear una empresa publica para torpedear, sin éxito, un proyecto privado de Unión Fenosa.
La privatización más conocida de la era Zaplana fue la del hospital público de La Ribera, en Alzira (Valencia), construido y gestionado desde 1999 por una empresa privada controlada por Adeslas, que recibirá durante 10 años una cantidad anual de la Generalitat en función de la población de la comarca.
Con ese pago anual, unos 48 millones de euros, la empresa debe prestar todos los servicios públicos, incluida la atención a desplazados, por los que recibe una compensación aparte. Pero si alguno de los residentes en la comarca son atendidos en otro hospital público, es la empresa la que debe abonar los gastos.
Al final de la concesión, que es prorrogable por cinco años más, el hospital será totalmente público. æpermil;ste fue el inicio del llamado modelo Alzira, que tendrá continuidad con el nuevo hospital público que debe construirse en Torrevieja (Alicante).
El hospital alcireño, sometido a estrecha vigilancia por parte de la Generalitat y de la oposición política, funciona bien desde el punto de vista de los pacientes, aunque la Generalitat no revela cuánto cuesta realmente cada año. Fuentes del Gobierno valenciano aseguran que el interés de dirigentes españoles y extranjeros en el modelo Alzira es muy alto, aunque todavía no ha sido copiado.
El modelo se extendió posteriormente a las resonancias magnéticas dentro de los hospitales públicos, que fueron privatizadas en 2000 en medio de una gran polémica, ya que la Generalitat se comprometió a pagar a las concesionarias 166,64 millones de euros en ocho años por los diagnósticos, un precio muy superior al de mercado, según los expertos.
Trasladado el modelo Alzira a las residencias geriátricas, el ahora ministro decidió en 2001 sacar a concurso la construcción y explotación de centros con un total de 9.000 plazas. En este caso, la construcción y explotación correrá a cargo de empresas, que pondrán a disposición de la Generalitat un tercio de las plazas. El Gobierno autonómico pagará hasta 42 millones anuales por disponer de esas 3.000 plazas -actualmente necesita menos- y podrá solicitar la cesión de más camas si aumenta la demanda de servicios sanitarios.
Esta colaboración privada en los servicios gerontológicos, que todavía se está poniendo en marcha en la Comunidad Valenciana, es la que Eduardo Zaplana planteó a los partidos políticos para su debate.