¿Guarderías en las empresas?
El anuncio por el Ministro de Trabajo, Eduardo Zaplana, de un plan de ayudas para la creación de guarderías en las empresas, que se inserta en el paquete de medidas para conciliar la vida familiar con la laboral y así incrementar las posibilidades de que las mujeres se incorporen al mundo del trabajo, debe ser objeto de detenida reflexión, porque si está fuera de dudas el elogiable propósito que persigue la medida, es mucho más discutible que el método elegido sea el más adecuado o el más eficaz.
Compartimos plenamente con Zaplana la urgente necesidad de cerrar la brecha de actividad entre hombres y mujeres, que se puede atribuir sin equivocación a la mayor dedicación de la mujer al cuidado de los hijos.
En la estructura de la población activa española se percibe que las tasas de actividad masculina y femenina son sensiblemente iguales hasta los 27-28 años. A partir de esa edad, la femenina cae en picado y se separa hasta 25 puntos de la masculina, para volver a crecer a partir de los 40 años, es decir, pasado el periodo en el que se tienen los hijos o éstos son pequeños.
No es buena política de promoción de la mujer trabajadora hacer incurrir a las empresas en mayores costes si desean contratar personal femenino
Aparte de que avancemos todo lo posible en compartir las responsabilidades familiares entre hombres y mujeres, hoy por hoy son éstas las más perjudicadas en su vida laboral por el hecho de fundar una familia y tener hijos. Las dos consecuencias sociales más nocivas de este proceso son que España tiene una de las tasas de natalidad más bajas del mundo (apenas 1,2 hijos por pareja, cuando para la simple reposición generacional sería precisa una tasa de 2,2 hijos) y, por otro lado, el desperdicio de una fuerza laboral femenina en cuya formación familias y Estado han invertido grandes sumas.
Además de lo anterior, y en el plano personal, se produce la lógica frustración de muchas mujeres que se han preparado para una vida profesional activa y que más tarde ven mermadas sus posibilidades por la maternidad.
¿Dónde está el origen de este problema? La legislación española de enseñanza garantiza educación gratuita y obligatoria de los 7 a los 16 años, pero para el segmento de educación infantil, de 0 a 6 años, no prevé nada similar.
Si una joven madre trabaja y tiene que llevar a sus hijos pequeños a una guardería o un parvulario, debe asumir los costes (matrícula, transporte y, a menudo, comida) en su totalidad. Es frecuente que esos costes supongan una parte sustancial de su salario, por lo que muchas mujeres acaban deduciendo económicamente que no les compensa trabajar.
Así pues, resulta imprescindible y urgente solucionar esta laguna en nuestro sistema educativo, de manera que exista oferta suficiente de plazas en centros de educación infantil a costes, para las familias, inferiores a los actuales. Cabría la posibilidad, por supuesto, de que el Estado, personificado hoy en las Administraciones autonómicas a efectos educativos, estableciera una red de centros de educación infantil públicos y gratuitos, siguiendo el modelo mayoritario para la educación elemental y media.
Este sistema adolecería de los mismos defectos que presenta la enseñanza pública en los otros niveles, y que tanta insatisfacción produce en las familias: un sistema zonificado y estratificado en el que los padres no tendrían capacidad de elegir centro, y que bajo una aparente gratuidad sería finalmente pagado igualmente a costa de los impuestos. Además, al no existir competencia entre centros, se acabaría resintiendo la calidad del servicio ofrecido.
Otra posibilidad, alternativa o complementaria a la anterior, es la esbozada en los proyectos del Ministerio de Trabajo: ayudar a las empresas a que monten sus propios servicios de guardería en los centros de trabajo, para que madres (y padres) jóvenes puedan conciliar cuidado de los hijos y vida profesional.
Este modelo, sin embargo, presenta muchas limitaciones. En primer lugar, sólo es aplicable a un contado número de empresas que se caractericen por gran concentración de trabajadores en el mismo lugar, con mayoría de sexo femenino. Estas circunstancias, en una economía de servicios como es la española, no es fácil que se produzcan, porque nuestro tejido empresarial se caracteriza por la abundancia de pymes (el tamaño medio de la empresa en España es de unos 20 trabajadores) y por la dispersión de centros de trabajo (pensemos, por ejemplo, en una red bancaria, o en una cadena de establecimientos comerciales o de hostelería, pequeños talleres, etcétera).
En segundo lugar, y aunque existan ayudas económicas, lo lógico es que a pesar de ellas el establecimiento de guarderías en las empresas lleve aparejado un coste para las mismas, por no hablar de la responsabilidad que se asume y de la necesidad ineludible de disponer de personal altamente especializado para gestionarlas. No es buena política de promoción de la mujer trabajadora el hacer incurrir a las empresas en mayores costes si desean contratar personal femenino.
En tercer lugar, los centros de educación infantil no pueden ni deben ser un simple aparcamiento de niños mientras sus padres trabajan. Desde Acade insistimos con vehemencia en la importancia de los contenidos docentes en esta etapa de la vida del niño, y hemos contrastado que de una buena educación infantil se deduce casi siempre mejor socialización del niño y un rendimiento académico mejor en los niveles superiores de enseñanza.
Todo ello resalta la importancia de que los padres puedan ejercer también su derecho a elegir la docencia que prefieran para los pequeños, y no se vean constreñidos a escolarizarlos sólo en el centro que habilita la empresa en que trabajan.
El tercer modelo, que Acade propugna, es la promoción de los centros de educación infantil desde los principios de libertad y competencia, siendo la iniciativa privada la responsable de proveer este servicio como hace con la práctica totalidad de los restantes. Este sistema es el único que garantiza la libre elección por las familias, y genera una competencia que redunda en el incremento de la calidad de la docencia.
Para solucionar la cuestión económica, esto es, hacer accesibles las guarderías y parvularios a la inmensa mayoría de los trabajadores, el modelo más eficaz pasa por financiar directamente a las familias mediante sistemas de deducción fiscal o mediante la entrega de un cheque o bono escolar que cada familia pudiera emplear en escolarizar a sus hijos en un centro previamente homologado. Este método es menos oneroso para la Administración que crear una red pública de centros, y más directo que financiar a las empresas que instalen guarderías (aunque esa opción puede ser viable en un contado número de casos).
Y siempre queda la posibilidad, por descontado, de que empresas concretas hagan, desde la voluntariedad y en el contexto de sus planes sociales, un pago a los jóvenes padres que ayude a la escolarización de sus hijos más pequeños, y que este pago goce de exenciones fiscales, como ya sucede con otros como es el caso de los vales de comida, que los trabajadores utilizan para acudir al establecimiento que ellos mismos elijan, método que los interesados prefieren al comedor de empresa, y que por lo demás resulta más económico y racional para las propias compañías.