Cuentas más claras
Los políticos de todo el mundo andan empeñados en una singular batalla: recuperar la credibilidad en las Bolsas y, en especial, en las cuentas de las empresas. Los múltiples escándalos financieros que se han ido sucediendo tras el caso Enron han puesto en la picota no sólo los mecanismos de control de las autoridades estadounidenses, sino los múltiples agujeros legales por los que se escapan los trucos contables.
La reacción más contundente y llamativa contra estas prácticas ha sido la regulación recientemente aprobada por EE UU, en la que se incluyen penas de hasta 20 años de cárcel para los directivos culpables de fraude en las cuentas. Un ejemplo que también ha seguido Alemania, donde el Ejecutivo anunció la semana pasada la creación de una policía antifraude.
El Gobierno español no quiere quedarse fuera de esta corriente y ha impulsado una profunda reforma legal que persigue dotar de mayor transparencia y credibilidad al sistema. Para articular estas modificaciones, constituyó la comisión Aldama, encargada de reflexionar sobre el buen gobierno de las empresas, y pidió a un grupo de expertos que analizara qué cambios contables se deben efectuar.
Estos expertos dieron a conocer ayer las conclusiones de su trabajo, que han recopilado en un Libro Blanco. El amplio documento, que ha requerido el trabajo de más de un centenar personas durante 15 meses, se remata con un abanico de conclusiones, entre las que resalta la de dotar de poder sancionador a un comité especial que dependa de la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV). Obligar a que se comunique cualquier operación que suponga hacerse con el control de una parte significativa de una sociedad, simplificar las obligaciones para las pequeñas y medianas empresas, mejorar la información contenida en las memorias o establecer auditorías semestrales son otras de las recomendaciones del grupo de expertos.
En general, la intención de la reforma es adaptar los estándares contables españoles a los que se van a imponer para el conjunto de Europa a partir de 2005, agrupados en torno al IASB (International Accounting Standards Board). Ello requerirá una gran reforma legislativa en España. En concreto, supondrá cambios de la Ley de Sociedades Anónimas, la elaboración de un reglamento específico (un plan general de contabilidad), así como varias órdenes ministeriales.
Una reforma que redunde en mayor transparencia de los mercados es, por principio, una buena noticia. En este caso, además, abre un esperanzador camino, el de la armonización de criterios contables. De momento, todos los países miembros de la UE lo han hecho. Sólo resta que EE UU se sume a la tendencia y llegue a un acuerdo con la UE para que haya una contabilidad internacional homogénea. Así se acabaría con la tremenda confusión que se produce cuando una empresa presenta las cuentas en Wall Street y Madrid que resultan ser diametralmente opuestas.