Pretextos, paradojas y perplejidades
El reciente debate en el Congreso sobre la propuesta de ilegalizar a Batasuna y el casi simultáneo auto del juez Garzón ordenando la suspensión de las actividades de esa organización han sido motivo para una serie de manifestaciones políticas justificativas de las tres pes que titulan este artículo.
Si bien cualquier voto era legítimo, en esa ocasión no todas las razones aducidas fueron igualmente justas. Algunas formaciones políticas emplearon, más que razones, pretextos para lavarse las manos: los legalistas -la división de poderes entendida a su conveniencia- han sido aducidos por CHA y, sobre todo, por CiU; el miedo, un izquierdismo caduco o un nacionalismo irrazonable han estado presentes en las argumentaciones de IU, ERC o el BNG; el interés en cuidar el propio huerto apareció en las argumentaciones del PNV -cuyo portavoz, el señor Anasagasti, haría bien en no utilizar en vano la Guerra Civil como confirmación de la limpia trayectoria de su partido, so pena de dar la razón al señor Mayor Oreja, quien, en una lúcida entrevista, les caracterizaba hace pocos días como máquina de mentir-.
Pero resulta que esos pretextos se han encadenado a otros argumentos que originan perplejidades incluso al lector más avisado. Por ejemplo, ¿cómo puede el señor Llamazares seguir utilizando el argumento de que 'todas las posiciones son legítimas' e insistir en la necesidad de 'un punto de encuentro entre nacionalistas y no nacionalistas', cuando los primeros gobiernan en un territorio europeo en el cual los segundos no tienen asegurado el uso y disfrute de los derechos y libertades que el resto consideramos elementales? ¿Cree el señor Trias que alguien puede comulgar con las ruedas de molino según las cuales los nacionalistas catalanes se abstuvieron en aras al consenso y por respeto 'a los ámbitos de actuación de los distintos poderes del Estado' o porque la votación generaría 'confusión y una imagen de división ficticia'? ¿No es asombro lo que origina el señor Puigcercós, de ERC, cuando, al repetir la manida frase de que el conflicto del País Vasco ' es de naturaleza política', está equiparando -como no hace mucho hizo el inefable obispo emérito monseñor Setién- el grupo criminal formado por el grupo ETA-Batasuna con un Gobierno legítimamente elegido por los ciudadanos?
Ala vista de ello se me ocurre que la explicación reside en que ciertos parlamentarios no han asimilado algunas de las paradojas elementales en todo régimen constitucional democrático. Una de esas paradojas se refiere al tan traído y llevado concepto de 'consenso', implícitamente aludido por el portavoz de los nacionalistas catalanes, señor Trias. La sustancia de éste consiste en la lealtad a los valores políticos básicos y a las instituciones que garanticen a todos los ciudadanos el ejercicio efectivo de los derechos básicos definidos en la Constitución; es, por tanto, algo muy alejado del simple acuerdo partidista para reducir el campo de elección de los ciudadanos ante opciones éticas y legales diversas.
La otra gran paradoja se refiere a invocaciones a las mayorías, tales como la realizada por el portavoz del Gobierno vasco, señor Imaz, al afirmar que la ilegalización de Batasuna no es apoyada por la 'amplia mayoría de la sociedad vasca'.
En un país como España, cuya Constitución establece una serie de derechos fundamentales, éstos no pueden ser conculcados por ninguna tipo de mayoría. Por lo tanto, si una mayoría -como sucede frecuentemente en el País Vasco- adopta por procedimientos democráticos decisiones que ignoran esos derechos constitucionales elementales -protección efectiva a la vida, a la libertad de expresión, de reunión o de manifestación- se estará en lo que el gran filósofo del Derecho John Rawls ha calificado de 'democracia procedimental', no en la democracia liberal y efectiva de que disfruta el resto del país y de la Unión Europea.
Pero hay algo más que los dirigentes del PNV y del Gobierno vasco no acaban de meterse en la cabeza y que se trata de una distinción evidente entre existencia de libertades básicas y valor de las mismas para los ciudadanos.
Nadie puede negar -y los nacionalistas vascos lo subrayan rápidamente- que allí se proclama el reinado de esas libertades y derechos para todos; pero lo que esconden cuidadosamente es que el derecho a pasear libremente por las calles de Hernani, Rentería, Lasarte u Oyarzun sin ser secuestrado o asesinado tiene para un concejal socialista o un dirigente del PP una utilidad diferente y mayor que para, pongamos como ejemplo, el señor Egibar, del PNV.
Mientras el señor Imaz siga sin darse cuenta de ello, su invocación a la mayoría de la sociedad vasca seguirá siendo un argumento viciado en origen.