El Supremo argentino declara inconstitucional el recorte salarial a los funcionarios
La medida constituye otro duro golpe para la Adeministración de Duhalde, y, aunque fue dictada a partir de una demanda particular iniciada contra el Estado por un militar, crea una jurisprudencia que servirá de amparo al resto de las personas perjudicadas por la reducción, según expertos legales. El secretario general de la Unión del Personal Civil de la Nación, Andrés Rodríguez, expresó ayer su satisfacción por el fallo del máximo tribunal del país.
La CTA presentó una demanda contra el Estado a raíz del descuento en los salarios dispuesto por la administración de Fernando de la Rúa (1999 y 2001), en el marco del programa de "déficit fiscal cero" que se implementó para reducir el gasto público.
La inconstitucionalidad fue declarada por el máximo tribunal con efectos retroactivos, lo que habilita a los empleados públicos y a los jubilados con ingresos superiores a los 500 pesos (139 dólares) a exigir la devolución de la reducción que se les aplica a sus ingresos desde julio de 2001.
El máximo tribunal rechazó el decreto de De la Rúa, por siete votos a dos, y aclaró que en esta ocasión la reducción no puede ser admitida porque los salarios se "han envilecido" a causa de la devaluación del peso ordenada por Duhalde en enero pasado.
Antes de conocerse el fallo, el Gobierno sostuvo por medio de sus portavoces que no está en condiciones de hacer las devoluciones porque no tiene dinero.