La oposición lleva al Constitucional su batalla contra el 'decretazo'
La contestación al decreto de reforma por desempleo no terminó con la huelga general. Después de que la mayoría de las comunidades autónomas socialistas presentara recursos de inconstitucionalidad contra el decretazo, ayer fue el turno de la oposición parlamentaria.
El PSOE, Izquierda Unida y la mayor parte de los partidos del Grupo Mixto (BNG, IC-V, ERC y CHA) presentaron ayer un recurso ante el Tribunal Constitucional contra el decreto de reforma del desempleo aprobado por el Gobierno en mayo pasado.
El texto del recurso fundamenta a lo largo de 38 páginas que el instrumento utilizado por el Gobierno para esta reforma (decreto) no se corresponde, tal y como recoge el artículo 86.1 de la Constitución, con una 'situación de extraordinaria y urgente necesidad' y carece de una 'definición explícita y razonada' por parte del Gobierno del porqué del uso del decreto.
Es más, consideran los recurrentes que tampoco existe conexión entre los objetivos perseguidos por el decreto y las medidas que recoge. Esto es, que en lugar de mejorar el funcionamiento del mercado de trabajo y mejorar la protección por desempleo, excluye a numerosos parados de la protección, abarata el despido, desprotege los despidos de modo verbal y favorece la indemnización frente a la readmisión del trabajador al hacer más gravosa esta última, entre otros muchos agravios.
El segundo motivo de inconstitucionalidad se refiere a la 'violación del derecho de igualdad y no discriminación' establecido en el artículo 14, al eliminar los salarios de tramitación en los casos de no readmisión del trabajador y mantenerlos en aquellos en los que el trabajador es readmitido.
En tercer lugar, el recurso estima que el Gobierno ignora la numerosa jurisprudencia del Constitucional, avalando los casos de contratación de familiares, algo que el decreto prohíbe para los nuevos beneficiarios del sistema de protección por desempleo de los trabajadores agrarios.
Finalmente, el texto argumenta que la exigencia de haber disfrutado del subsidio agrario durante los últimos tres años para permanecer dentro del sistema vulnera claramente el artículo 25.1 de la Constitución. El ministro de Trabajo, Eduardo Zaplana, opinó ayer que 'no existe base jurídica que de soporte a este recurso' y también añadió que éste pone en evidencia el 'vacío y la incoherencia de las filas socialistas'.