La Atalaya

Álvaro Uribe cumple

Hace unos meses, cuando ni siquiera soñaba con dedicarse a la política, el periodista Francisco Santos, miembro de la familia propietaria del diario El Tiempo de Bogotá desde su fundación, me decía que 'en Colombia, el Estado no existe y hay que recrearlo'. Santos sabía de lo que hablaba. Secuestrado una vez y a punto de serlo una segunda, Santos se vio obligado a abandonar Colombia y a buscar refugio en España, donde durante más de un año trabajó en El País. Hoy, Santos se apresta a esa tarea de refundación como vicepresidente de la república a las órdenes de Álvaro Uribe, presidente de Colombia desde el pasado día 7.

Uribe, un liberal independiente que arrasó en las urnas en junio con una promesa de firmeza frente a las guerrillas marxistas de las FARC y el ELN y los paramilitares, no ha defraudado a los electores. En los escasos 10 días en el cargo, el nuevo presidente ha dictado una serie de medidas revolucionarias destinadas, de una parte, a levantar la decaída moral de los colombianos y, de otra, a demostrar a los guerrilleros que su Gobierno sólo negociará con la guerrilla desde una posición de fuerza y nunca de igual a igual, como intentó hacer con la mejor intención y el peor de los resultados su antecesor, Andrés Pastrana. La respuesta de las FARC a la generosa concesión de Pastrana de habilitar una zona desmilitarizada de 45.000 kilómetros cuadrados en el sur del país fue un incremento sin precedentes de secuestros y actividades terroristas. Incluso el día de la toma de posesión de Uribe un ataque con morteros en Bogotá causó una veintena de muertos y casi un centenar de heridos.

El nuevo presidente ha sustituido a la cúpula militar anterior con los más decididos partidarios de la línea dura en las fuerzas armadas y ha nombrado un general en la reserva como director de la policía nacional. Como primera medida de su anunciada reestructuración de la Administración ha fusionado los Ministerios de Justicia e Interior y ha colocado al frente del nuevo superministerio a Fernando Londoño, uno de los más conocidos halcones de la política colombiana. Al mismo tiempo, el pasado lunes el Gobierno implantó un 'estado de conmoción interior', e impuso un impuesto especial del 1,2% sobre todo patrimonio que exceda de los 60.000 euros. El Ejecutivo espera recaudar con este impuesto 800 millones de euros, que se dedicarán a contratar 10.000 policías más y a crear dos brigadas móviles del Ejército con 3.000 soldados cada una. Las fuerzas armadas tendrán además el permiso del Congreso estadounidense para utilizar en su lucha contra el terrorismo el material bélico suministrado por EE UU para combatir el narcotráfico.

La ciudadanía, cansada de una guerra que ha causado más de 40.000 víctimas mortales y ha generado cerca de dos millones de desplazados en la última década, ha prestado todo su apoyo a las medidas iniciales de Uribe. Una encuesta publicada recientemente señala que la seguridad es la principal preocupación para el 98% de los colombianos y que un 97% de la población apoya la adopción de medidas drásticas para garantizarla. No es de extrañar que las débiles protestas de algunas organizaciones de derechos humanos ante las medidas de excepción no hayan tenido el menor eco. Incluso el candidato izquierdista al Gobierno, Luis Eduardo Garzón, apoyó las medidas afirmando que 'las FARC, con su actuación, justifican medidas de este corte'. Todo un cheque en blanco para Uribe, que, eso sí, no será eterno.