Revista de Prensa
El largo brazo de Estados Unidos
Los presidentes de empresas, auditores y contables del resto del mundo que han seguido atentamente el sarpullido de escándalos contables de empresas en EE UU (...) no van a seguir sintiéndose tan complacidos. Muchos se enfrentan ahora a la sensación de que la reforma de la legislación relativa a las empresas, impulsada por el Congreso de EE UU, podría afectarles.
Esa sensación de que pueden ser penalizados si no cumplen con la ley estadounidense ha conducido, como era de esperar, a una enérgica protesta, especialmente en Europa.
En cualquier caso, aquellos potencialmente afectados aparecen divididos sobre la forma de responder. Algunos abogan en Washington en favor de una interpretación flexible de la ley. Otros son más agresivos y se inclinan por acciones legales. Si esta segunda opción prevalece, puede convertirse en otra disputa transatlántica. Esto debe evitarse a toda costa (...).
El caso de aplicar la legislación a las compañías incluidas en los intercambios estadounidenses es más discutible (...). Hay que reconocer que, llevada al límite, esa lógica podría apagar la llamamiento de los mercados de capitales estadounidenses (...). La SEC CNMV de EE UU y el Departamento estadounidense de Justicia pueden y deben usar su criterio para exonerar de la legislación a las compañías ubicadas en países con regulaciones que coinciden con los parámetros que se persiguen.
Otros Gobiernos deberían alentar el espíritu de la cooperación y no el de la confrontación (...).
La integración de los mercados del mundo capitalista es una fuerza necesaria de la globalización. Posiblemente, de forma sorprendente, ha procedido hasta ahora sin fricciones serias en lo que a regulación se refiere. Pero este incidente sugiere que si el proceso continúa, se necesitará un mayor esfuerzo internacional para ponerse de acuerdo sobre los objetivos de regulación y para desarrollar una confianza mutua entre las autoridades en las diferentes jurisdicciones que serán implementadas de forma muy rigurosa.
Audiencias públicas para discutir tarifas
En una época caracterizada por fuerte demanda de participación ciudadana, resulta importante que se afirme el mecanismo de las audiencias públicas para discutir las cuestiones relativas a los servicios privatizados.
El eventual aumento de las tarifas preocupa a la sociedad. Porque en un contexto inflacionario y con ingresos congelados, el fuerte impacto que tendría una subida en los servicios, en los presupuestos familiares y en la actividad productiva, es indudable.
Junto con la pesificación de las tarifas tras la devaluación, el Gobierno decidió eliminar los mecanismos de actualización que regían en los servicios públicos. También dispuso someter a renegociación los contratos con las privatizadas.
Entre las pautas establecidas para la renegociación está el que se tome en cuenta el impacto de las tarifas en la competitividad de la economía y en la distribución de los ingresos, y el interés de los usuarios (...).
Desde mediados de los noventa, las audiencias públicas han sido utilizadas para que las empresas brindaran información y expusieran sus pretensiones de ajuste tarifario y que los usuarios pudieran argumentar sus objeciones. La decisión final siempre ha sido un resorte de la autoridad económica.
El Ministerio de Economía evalúa un dictamen jurídico desfavorable a la realización de audiencias. Su fundamento es que, al no estar regulado por ley, el mecanismo no es obligatorio. La participación de los usuarios puede tener múltiples formas y las audiencias públicas contribuyen a dar mayor transparencia a las decisiones.