Parlamento

El Congreso deja 34 leyes para el próximo periodo de sesiones

El Gobierno ha dejado pendientes para el próximo periodo parlamentario de sesiones la tramitación de 34 proyectos de ley, de los cuales destacan por su importancia los que reforman las prestaciones por desempleo (que está en la Comisión de Política Social y de Empleo), el de Reforma del Sistema Financiero (en el Senado) y el de Reforma del Impuesto sobre la Renta (en la Comisión de Economía y Hacienda).

El presidente del Gobierno, José María Aznar, ha dado instrucciones a las direcciones del Partido Popular y de su grupo parlamentario para que a partir de septiembre mantengan la iniciativa política en todo momento, en una coyuntura que puede estar condicionada por el debate interno sobre la sucesión en el cartel electoral y por la ofensiva del PSOE para demostrar que dispone de alternativa programática.

Reforma educativa

Otro de los proyectos estrella que el Gobierno quiere dejar aprobado antes de que finalice el próximo periodo de sesiones es el que regula el nuevo modelo educativo, por ahora huérfano de memoria económica y, por tanto, sometido al vapuleo del primer partido de la oposición.

El secretario general del PP, Javier Arenas, pondrá en marcha a partir de septiembre una campaña para explicar los aspectos más polémicos de la Ley de Calidad de la Enseñanza, entre ellos los que hacen referencia a la introducción de los itinerarios en la Educación Secundaria Obligatoria y la dotación prevista para el profesorado.

El PSOE ha pedido a la presidenta del Congreso, Luisa Fernanda Rudi, que suspenda la tramitación del proyecto de ley hasta que el Gobierno no presente su memoria económica, decisión que la Mesa de la Cámara Baja evaluará el próximo día 3 de septiembre. Además, están pendientes otros proyectos de ley clave como el que regulará las concesiones de obras públicas (que está en la Comisión de Infraestructuras), la reordenación del Comercio Minorista (en Economía y Hacienda) y la modificación de la Ley de Sociedades de Responsabilidad Limitada (en la Comisión de Justicia e Interior).

En un plano más político, la principal iniciativa parlamentaria que el Gobierno ha dejado para el periodo de sesiones que se inicia en el mes de septiembre es la ilegalización de Batasuna, mediante la aplicación de la Ley de Partidos. El Ejecutivo ya ha trasladado al PSOE su deseo de que sea el Parlamento el que inste de forma conjunta a la sala especial del Tribunal del Supremo a dar este paso. Si no lo ha hecho antes, ha sido por la oposición del primer partido de la oposición, partidario de acumular todos los requisitos que establece la ley para proceder a la ilegalización de la coalición pro etarra.

La ausencia reciente de atentados mortales y el declive de la violencia callejera ha impedido hasta ahora, desde la entrada en vigor de la citada norma, evidenciar que Batasuna ha vulnerado la legalidad.

La decisión que el Gobierno quiere articular tras el receso veraniego a través del Parlamento se proyecta sobre las próximas elecciones municipales, en las que Batasuna no podrá concurrir como tal, a la vista de las presiones que el entorno de ETA continúa ejerciendo sobre los concejales del PP y el PSE para que no repitan en las listas.

En trámite parlamentario se encuentra también, dentro de la Comisión de Justicia e Interior, el proyecto de ley de prevención y blanqueo de la financiación del terrorismo, una norma que los departamentos de Justicia e Interior consideran clave para cortar los ingresos de ETA.

Reforma del IRPF y protección por desempleo

Entre los proyectos de ley pendientes de aprobación están la nueva ley de IRPF y la reforma de las prestaciones por desempleo. Y el plazo para la presentación de enmiendas parciales a ambos textos vence en la primera semana de septiembre. Su tramitación parlamentaria se verá solapada con el debate sobre los Presupuestos Generales del Estado para 2003, que serán remitidos al Congreso a finales de septiembre. Además, el debate parlamentario sobre ambos proyectos discurrirá paralelo a la organización de campañas promovidas desde el PP para explicar a los ciudadanos ambas reformas, que han sido contestadas con dureza por el Partido Socialista y los sindicatos. El Grupo Parlamentario Popular ya tiene ultimadas la mayoría de las enmiendas para ambos proyectos, algunas de ellas negociadas con CiU y Coalición Canaria.