'Hubiera sido prevaricación excluir a Matutes de Trasmediterránea'

Un día después de resolver la privatización de Trasmediterránea, el presidente de la Sociedad Estatal de Participaciones Industriales (SEPI), Ignacio Ruiz-Jarabo, defiende el proceso como 'ejemplar' y 'técnicamente irreprochable'. Replica a quienes han criticado la presencia de la empresa del ex ministro de Exteriores Abel Matutes con un 12% del capital del consorcio ganador, liderado por Acciona, y admite que Competencia puede poner objeciones.

Pregunta. La privatización de Trasmediterránea ha sido una de las más complejas que ha dirigido la SEPI.

Respuesta. Digamos que es una operación muy bonita, porque la compañía estaba en condiciones magníficas, ha habido mucha concurrencia y eso hace el proceso más eficaz. Si Competencia considera que hay posición de dominio, la previsión es que en caso de que haya que hacer desinversiones sea la otra compañía afectada, no Trasmediterránea, la que las haga.

P. La oposición socialista denuncia la entrega de una empresa pública a 'amigos del Gobierno' y se ha recordado que el ex presidente de la compañía Trías de Bes ya denunció cuando dimitió en 1999 un plan con ese fin.

R. El hecho de que en la oferta hubiera una participación de un ex ministro, poco significativa en términos de control porque hay otro accionista con un 55%, nos ha llevado a analizar con todo rigor la legislación aplicable, que es la Ley de Incompatibilidades. No hay ninguna duda de que no se incumple ningún concepto. ¿Qué se nos pide entonces? ¿Que hubiéramos excluido a alguien sin fundamento legal? ¿Que hubiéramos hecho una actuación arbitraria, ilegal y, por tanto, prevaricadora? La SEPI ha planteado el proceso de forma justa, legal y transparente.

P. ¿Es correcto el precio pagado? Las acciones de los minoritarios cotizan a 79 euros y se les va a ofrecer sólo 45.

R. El valor en Bolsa cuando el free float es pequeño no es representativo del valor de la compañía, que está soportado por dos valoraciones, una de ellas independiente. El precio es satisfactorio y nos importa muchísimo el proyecto empresarial.

P. ¿Puede haberse producido un conflicto de intereses, después del que llevó a sustituir al SCH como banco asesor, por las relaciones entre JP Morgan y Acciona?

R. Nosotros cambiamos el banco asesor cuando apareció el posible conflicto. El nuevo banco asesor ha conocido las propuestas de la SEPI y las ofertas, pero no dispuso de un solo documento elaborado por el anterior. Se están diciendo cosas que no se sostienen. Un banco asesor es un banco y la posibilidad de que tenga una relación acreedor-deudor con empresas de este país es alta. Deducir que hay un conflicto es llegar a límites absurdos.

P. ¿Puede ser recurrida la adjudicación?

R. Toda decisión es recurrible, pero no hay ninguna base, porque el proceso ha sido un ejemplo de limpieza. Incluso he leído que empresas que no han ganado el concurso han expresado su conformidad. Algunas han manifestado lo positivo que resulta un factor añadido de competencia y liberalización como es la privatización.

P. Se teme una concentración en manos privadas.

R. Es positivo que el sector público deje de estar presente en el sector. Si después hubiera efectos negativos, como un exceso de dominio, para eso está el mecanismo previsto que lo corregiría en las empresas de origen.

P. ¿Y si el Tribunal de la Competencia decide otra cosa o bloquea la operación?

R. Eso no es previsible. Lo lógico ante una posición de dominio es instar a que se corrija de forma rápida.

P. ¿Van a continuar las privatizaciones pese a la mala situación de los mercados?

R. El proceso empezará en septiembre para Autopistas (ENA) y Musini. Intuyo que van a despertar mucho interés. En torno a Semana Santa estarán privatizadas.

La SEPI exige garantías adicionales a Babcock

 

 

 

 

 

 

 

 

El presidente de la SEPI se muestra preocupado por la situación de Babcock Borsig España, la antigua Babcock Wilcox ubicada en Sestao (Vizcaya) y privatizada hace dos años, debido a la suspensión de pagos de su matriz alemana. 'Vamos a reforzar la vigilancia y a reclamar garantías adicionales del cumplimiento de los compromisos de inversión, producción y plantilla', anuncia Ruiz-Jarabo, quien quiere recibir de la compañía fabricante de maquinaria 'información rápida y concreta'. La SEPI está dispuesta a colaborar en el 'diseño de medidas de futuro' y ve 'lejana' la hipótesis de que el grupo no pueda cumplir sus compromisos.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

En cuanto a Santa Bárbara, el presidente de la SEPI cree que se están cumpliendo los compromisos por parte de General Dynamics y recuerda que el productor de armamento estaba a mediados de los noventa condenado al cierre.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Por otro lado, la situación de RTVE no permite descartar la posibilidad de llevar a cabo un nuevo expediente de regulación de empleo. El presidente de la SEPI no se atreve a cuantificar su dimensión, ya que dependerá de que se modernice el marco de relaciones laborales del ente público, que cree 'anticuado', y de la posible ampliación de la producción propia. Cualquier medida, añade, se negociará con los sindicatos. En cuanto a la Agencia Efe, Ruiz-Jarabo explica la adquisición por la SEPI de su sede central en la calle Espronceda de Madrid como una operación 'lógica' para reducir la deuda y gastos financieros de la agencia.