El Gobierno calcula en 150 millones el coste de su reforma educativa

La ministra de Educación, Pilar del Castillo, mantuvo ayer que el Gobierno carece de memoria económica sobre la Ley de Calidad de la Enseñanza. 'Todos los gastos de las comunidades autónomas para la implantación de la citada ley los evalúa y determina el Consejo de Política Fiscal y Financiera', señaló la ministra en declaraciones a los periodistas.

A mediodía, la responsable de Educación del PSOE, Carmen Chacón, difundió el documento que demuestra que el pasado 12 de abril la secretaria general de Educación, Isabel Couso, remitió la 'memoria económica' de esta ley a la secretaria de Estado de Presupuestos, Elvira Rodríguez.

Educación cifra en este documento en 150 millones de euros el coste total de la implantación de la reforma educativa, en el periodo que abarca los años 2003 a 2005. Este gasto incorpora la introducción de los nuevos itinerarios en la Educación Secundaria Obligatoria (ESO), la enseñanza más temprana de la lengua extranjera y los programas especiales para alumnos extranjeros.

La distribución del coste que deberán afrontar las diferentes comunidades para aplicar los nuevos itinerarios en la ESO afecta en mayor medida a las comunidades de Andalucía, Cataluña, Comunidad Valenciana y Galicia y, en menor grado, a Ceuta, Melilla, La Rioja, Navarra y Cantabria.

El portavoz oficial del Ministerio de Educación, Juan Allende, calificó ayer de 'falsa' esta memoria. 'Se trata solamente de un documento interno de trabajo, está claro que la ley no va acompañada de ninguna memoria y que tendrá que ser el Consejo de Política Fiscal el que calcule los gastos', apuntó. La confusión aumentó aún más cuando el secretario general del PP, Javier Arenas, aseguró que la Ley de Calidad no aumentará el gasto de las comunidades autónomas.

El análisis que el equipo de Carmen Chacón ha hecho del documento concluye con que el Gobierno plantea desviar más del doble de la financiación a la enseñanza privada cuando en la misma está escolarizado menos de la mitad del alumnado de la ESO. Según la diputada, la reforma aportará algún profesor más sólo al 32% de los centros públicos, mientras que sí se beneficiará de la llegada del nuevo profesorado el 83% de los centros privados concertados. Además, considera que Educación ha inflado en un 60% el presupuesto real destinado a la contratación de profesores para aparentar que invierte más dinero.

Soledad parlamentaria

A partir de septiembre se inicia el trámite parlamentario de la ley y para entonces el Gobierno tendrá que reconocer que dispone de una memoria económica. A finales de ese mes se celebrará el debate de totalidad y en noviembre el proyecto pasará al Senado para ser aprobado de forma definitiva por el Congreso en diciembre.

Convergència i Unió ya ha anticipado que no votará a favor de la ley si el Gobierno no modifica los artículos que, a juicio de los nacionalistas catalanes, invaden competencias autonómicas. La norma, dado su carácter orgánico, es de obligado cumplimiento por parte de las distintas comunidades.

CiU demostró ayer que sus reservas van en serio y que el Gobierno se arriesga a sacar la ley adelante en solitario. El pleno del Parlamento catalán aprobó ayer, con la única oposición del PP, llevar al Tribunal Constitucional la Ley de la Formación Profesional al entender que tres de sus artículos y su disposición final primera atribuyen al Estado competencias que le corresponden a la Generalitat.