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Cuentas nacionales

Italia se sitúa en el punto de mira de Bruselas por la ingeniería contable

Italia es uno de los países más afectados por las nuevas reglas contables sobre titulización de activos, hechas públicas por Eurostat este mes. El déficit italiano de 2001 podría elevarse del 1,6% al 2,2% del PIB si, finalmente, se obliga a contabilizar como endeudamiento 6.794 millones de euros obtenidos a través de instrumentos financieros. Una parte de ellos procede de la titulización de ingresos futuros procedentes de las loterías. El Gobierno de Silvio Berlusconi traspasó a una sociedad los ingresos de dos loterías públicas (Lotto y Enalotto) durante cinco años. La sociedad financió la compra con la emisión de títulos por valor de 3.000 millones de euros. A la vez el Gobierno se comprometió a garantizar un determinado nivel de ingresos a esta sociedad.

Por otro lado, vendió por 2.300 millones de euros (a un precio un 15% inferior al valor de mercado) varias propiedades inmobiliarias, valoradas en 3.794 millones, sin contabilizarse ningún efecto sobre la deuda, como obliga la nueva normativa. Las nuevas reglas de titulización pueden afectar también a otros países, como Austria, Finlandia, Grecia e Irlanda, que se verían obligados a recalcular sus déficit previstos. Aún no se sabe en qué cuantía. Eurostat lo está estudiando.

En el caso de España, la secretaria de Estado de Presupuestos, Elvira Rodríguez, ha asegurado a este diario que no se han realizado operaciones de este calado (titulización), aunque ha reconocido que alguna comunidad autónoma lo ha intentado. No obstante, la oposición política recrimina al Ejecutivo la utilización de supuestos 'apaños contables' para enmascarar déficit. Entre ellos, figuran la contabilización como compra de activos financieros (no genera déficit) de partidas que en realidad son ayudas a la inversión (transferencias de capital, que sí generan déficit).

Estas operaciones, ligadas a los ministerios inversores (Fomento, Defensa, Medio Ambiente) están validadas por la UE, pero rayan la legalidad con el manual de la SEC-95 en la mano, según opinan expertos como el ex director de la Oficina Presupuestaria del Gobierno José Barea.

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