COLUMNA

Amenazando con reformar convenios

No pinta bien la reunión que mañana mantendrán el coordinador del Gobierno para las negociaciones con los sindicatos y los secretarios generales de éstos. Formalmente porque quien ha de coordinar, Rodrigo Rato, no ha sido el primero en iniciar la tanda de reuniones, sino el último, tras las entrevistas de los sindicalistas con dos de los tres titulares a coordinar, el flamante ministro de Trabajo y el de Administraciones Públicas, este último en su doble condición de secretario general del PP y de ministro. Con el de Hacienda ni siquiera está fijada la reunión, por lo que cabe suponer a las fechas que estamos que se postergará hasta después de las vacaciones.

No es un simple defecto de formas, ya que éstas siempre han sido más reveladoras de lo que pudiera pensarse acerca de la voluntad real de negociación con las que las partes han abordado procesos de concertación anteriores e incluso premonitorias de las posibilidades de acuerdo final. Si el Gobierno estuviese seriamente resuelto a recomponer el diálogo social, lo habría demostrado mejor abriendo el vicepresidente segundo el proceso negociador con los representantes sindicales para fijar de común acuerdo el temario, las líneas generales a seguir en el tratamiento de cada cuestión y el calendario de reuniones que tendrán que hacerse con los correspondientes ministerios sobre los asuntos de su específica competencia, así como las que periódicamente sean necesarias para la efectiva coordinación de las negociaciones.

Pero la dispersión de los contactos iniciales induce a pensar que el Gobierno ha preferido adelantar la apariencia negociadora, con las imágenes de las reuniones habidas, antes que presentar una propuesta solvente de negociación articulada en las formas y en los contenidos. No obstante, buscar las fotos apresuradamente no le ha servido al Gobierno ni para edulcorar momentáneamente la situación de conflicto por la que atraviesan sus relaciones con los sindicatos.

Y de la superficialidad con la que trazó el índice de materias en las cartas remitidas a las sedes sindicales ha pasado a incorporar bruscamente y en forma de amenaza una de gran enjundia que enrarece aún más el panorama puesto que solivianta también a las patronales: la reforma de la negociación colectiva por ley.

Una pretensión de la que ya tuvo que desistir el vicepresidente para Asuntos Económicos el año pasado porque concitó el rechazo de todos los interlocutores sociales.

La oposición de las patronales y de los sindicatos no obedece a intereses particulares o corporativos, sino a que el remedio gubernamental es bastante peor que la enfermedad. Conscientes de la necesidad de racionalizar y articular el atomizado mapa de la negociación colectiva en España, suscribieron un Acuerdo Interconfederal al efecto en 1997 que partía de concebir los convenios generales del sector y los de empresa como los pilares básicos de nuevo entramado a construir. Pero, conscientes también de que no se pueden eliminar ámbitos de contratación colectiva de un plumazo sin provocar grandes vacíos subsectoriales y territoriales, aquel acuerdo tuvo que ser de carácter obligacional, de aplicación paulatina y no automática. Así, la mejor aportación que puede hacer el Gobierno en este campo es la de estimular a los agentes sociales en el desarrollo de la reforma que pactaron en lugar de suplantarla por otra unilateralmente diseñada por él.

Menos justificable aún es volver a esgrimir su reforma de los convenios si no se mantiene la moderación salarial. æpermil;sta se pactó para el presente ejercicio a cambio de mantener y mejorar el empleo, aunque el Gobierno quisiera salvar la cara presentando el pacto como la contrapartida a la retirada de su reforma.

Sin embargo, la responsabilidad sindical demostrada nuevamente, después de que en años anteriores no fuese correspondida por la parte empresarial revitalizando las inversiones y el empleo ni por el Gobierno atajando con decisión la tendencia inflacionista, está siendo defraudada en mayor medida durante el año en curso. En este contexto, la amenaza de Rato no sólo enturbia la reunión de mañana, sino que echa más leña al fuego del conflicto abierto con el decretazo y puede propagar el incendio por todos los espacios de las relaciones laborales.