Bruselas asesorará a empresas y ciudadanos sobre legislación europea
La Comisión Europea ha puesto al servicio de las empresas un sistema de resolución de problemas en los casos en los que la legislación comunitaria se aplique de forma incorrecta. El nuevo sistema, que entró ayer en funcionamiento, responderá a las instituciones empresariales en un plazo máximo de 10 semanas, periodo en el que, de no alcanzarse un acuerdo, el Ejecutivo comunitario podrá plantear la cuestión directamente a las autoridades públicas competentes en nombre de la empresa o ciudadanos afectados.
La red de solución de problemas Solvit creada por el Ejecutivo comunitario contará con un equipo de juristas multilingües a disposición de las empresas y destinado a la solución de problemas de interpretación de la legislación comunitaria. El usuario de este nuevo sistema podrá pedir consejo en cualquiera de las 11 lenguas oficiales de la Unión, ya sea a través de un número gratuito (00 800 678 91 011), a través de un sito web, o bien directamente en cualquiera de los centros Solvit abiertos en cada Estado miembro.
La nueva medida no pretende ser 'competencia desleal de los despachos de abogados y consultoras', expresó el portavoz del responsable europeo de mercado interno, Frits Bolkestein, sino que 'orientará a la gente para que sepa lo que tiene que hacer', explicó.
Los ciudadanos y empresas podrán también plantear problemas transfronterizos, es decir, situaciones en las que no se les permita disfrutar de derechos asociados al mercado interior en un Estado miembro distinto del suyo debido a un error en la aplicación en la legislación, pudiendo dirigirse tanto a su país de origen como al lugar en el que residan o desarrollen su actividad empresarial.
La nueva medida acogerá también las dudas de ciudadanos que deseen una aclaración sobre cualquier aspecto comunitario. A través del Servicio de Orientación de los Ciudadanos, un experto en legislación de la UE (cuya lengua materna será en la que se hayan pedido las explicaciones) contratado por la Comisión Europea, dará en un plazo máximo de tres días laborables una explicación clara y simple de la legislación y aconsejará al interesado a qué instancia comunitaria, nacional, regional o local puede dirigirse para recibir más ayuda o exigir el pleno respeto de sus derechos. Los ciudadanos podrán volver a hacer uso del sistema concertando de nuevo una cita cuando los temas sean especialmente complicados.
La medida pretende 'poner Europa al servicio de los ciudadanos para ayudarlos a conocer sus derechos', expresó Bolkestein, ya que 'no merece la pena tener un mercado único si los ciudadanos y las empresas no pueden aprovechar las ventajas', expresó su portavoz.