Las empresas de móvil aceptan pagar un impuesto por antena

Las tres compañías españolas de telefonía móvil operativas en este momento estarían dispuestas a aceptar, como un mal menor, el establecimiento de un impuesto municipal por cada una de las antenas celulares que instalen en una ciudad o pueblo. Según han explicado fuentes cercanas a las operadoras, sus directivos han llegado a la conclusión de que éste es uno de los pocos recursos que les quedan para reconducir el problema de la creciente oposición de los ayuntamientos y vecinos al establecimiento de nuevas infraestructuras de telefonía móvil.

El valor de esta fórmula, según las fuentes citadas, es que los consistorios locales verían en la instalación de antenas una vía para asegurarse ingresos adicionales, toda vez que las operadoras y la propia Administración consideran demostrado que no existe ninguna base científica para sustentar los peligros para la salud de los equipos repetidores celulares.

Oposición

Las empresas que operan servicios de telefonía móvil, por el contrario, han mostrado su frontal oposición a una propuesta que negocia el Ministerio de Hacienda con la Federación Española de Municipio y Provincias (FEMP). Esta propuesta pretende que las empresas de telefonía móvil paguen en cada ciudad o pueblo, en calidad de impuesto municipal, el 1,5% de los ingresos que obtengan en ese territorio.

La oposición de las compañías, desde un punto de vista legal, se basa en que las corporaciones locales no tienen competencias sobre temas de telecomunicaciones.

Las operadoras, además, entienden que es imposible discernir cuál es el volumen de negocio que se genera en cada municipio determinado, atendiendo, precisamente, al carácter móvil del negocio.

Durante el acto de clausura de la recién celebrada asamblea de la patronal de las empresas electrónicas, Aniel, su presidente, Jesús Banegas, exigió un compromiso del Ministerio de Ciencia y Tecnología para evitar que prospere el establecimiento de esta modalidad de impuesto. Anna Birulés, en el que sería su último acto público en calidad de ministra, se comprometió a buscar la vía para resolver adecuadamente el problema.

Las operadoras tienen una cierta esperanza de que la Administración, tras el cambio de titular en el Ministerio de Ciencia y Tecnología, adopte una línea de actuación coherente y más favorable a sus intereses. En caso de que, finalmente, se dé vía libre a los ayuntamientos para que establezcan un impuesto local por cada antena instalada, solicitarán que la cuantía total de este nuevo esfuerzo fiscal que se les reclama sea deducido íntegramente de la tasa por el uso del espectro radioeléctrico que ya satisfacen cada año al Estado.

Un panorama complicado para el verano

 

En España se ha frenado la instalación de antenas de telefonía móvil, y el parón empieza a tener consecuencias sobre la calidad del servicio. En verano, con el crecimiento del tráfico de llamadas y la multiplicación de los usuarios por el turismo, la situación se hace difícil.

 

 

 

 

 

 

 

Los operadores, a la vista de la situación, denuncian que es muy probable que en las zonas de la costa puedan producirse situaciones de saturación que perturben el servicio.

 

 

 

Las decisiones administrativas, sobre todo de ayuntamientos, han hecho que sean ya más de 2.000 las antenas apagadas sobre un parque de 23.000. Las cortapisas urbanísticas que se ponen a las instalaciones hace que puedan llegar a 5.000 las paralizadas en un año, según cálculos de las tres compañías.

 

 

 

Las cifras son contundentes. En el año 2000, Amena, Telefónica Móviles y Vodafone desplegaron de media el 80% de las antenas previstas. En 2001, la cifra se redujo al 45%, y en la primera mitad de 2002 no han logrado superar más del 20% de las que necesitaban.