Los municipios aprueban una ordenanza única para la instalación de antenas
La Federación Española de Municipios y Provincias (FEMP) ha aprobado un modelo de ordenanza que tiene como fin regular de forma unánime los límites en la instalación de antenas de telefonía móvil en todos los ayuntamientos de España.
Con la ordenanza, se pretende homogeneizar las diferentes normativas locales que en la actualidad suman más de 440, además del real decreto aprobado por el Gobierno el pasado mes de septiembre, y de las regulaciones específicas de Cataluña, Castilla-La Mancha, Castilla y León y Navarra.
La nueva normativa otorga la capacidad legal a los ayuntamientos para intervenir dentro de su ámbito territorial en el proceso de implantación de las instalaciones, tanto para otorgar licencias como para recoger información sobre las características de cada estación.
La ordenanza aparece tras a un largo periodo de conflictos entre las operadoras y muchos municipios de España. Pese a que el Gobierno aprobó el real decreto que regula las limitaciones en las instalaciones en todo el territorio nacional, la situación de descoordinación entre los diferentes organismos locales y estatales era patente. De hecho, las compañías de telefonía ya habían pedido repetidamente a las autoridades una norma común que pudiera acabar 'con la confusión legal'. Incluso acusaban a muchos municipios 'de excederse en sus competencias a la hora de otorgar licencias'. Argumentaban que más de 500 ayuntamientos como Murcia, Zaragoza, A Coruña, Móstoles (Madrid), entre otros, 'estaban paralizando los proyectos de instalación de antenas de móvil alegando criterios urbanísticos y de edificación'.
La nueva ordenanza incluye los límites de exposición del público a los campos electromagnéticos recogidos en la Recomendación del Consejo de la Unión Europa, la reglamentación de las condiciones urbanísticas y de protección ambiental .
Tasa local
Las operadoras españolas de telefonía móvil han vuelto a mostrar su rechazo a la posible imposición de un nuevo impuesto municipal sobre su actividad, tal y como se está estudiando de cara a la reforma de la financiación de las Haciendas locales. Las operadores están dispuestas a pagar por actos administrativos (licencias, permisos), pero 'no a abonar un impuesto de estas características'.
Las compañías de telefonía han gastado este año 20 millones de euros para certificar y medir las más de 23.000 antenas instaladas en España.