El estado de la cuestión
Julián Ariza analiza la situación por la que atraviesa el diálogo social tras los últimos contactos a dos bandas. Para el autor, la supervivencia de la concertación depende del replanteamiento a fondo de los contenidos del 'decretazo'
El pasado miércoles se produjo el primer encuentro del nuevo ministro de Trabajo con los secretarios generales de CC OO y UGT. Está anunciada otra reunión para el próximo día 24 entre los dos líderes sindicales y el secretario general del Partido Popular, Javier Arenas, a la que le sucederá poco después una tercera con el vicepresidente segundo del Gobierno, Rodrigo Rato, alma máter del desaguisado laboral, social y político provocado por el decretazo.
Con tan intensa ronda de contactos de alto nivel puede haber quien considere que los puentes de la relación entre los sindicatos y el Gobierno siguen en pie y que no transcurrirá mucho tiempo para ver que, a través de esos puentes, se reanuda la práctica de diálogo y concertación social a la que, en general, todos los observadores han venido otorgando multitud de virtudes y efectos positivos para la economía, el empleo y la minoración de la conflictividad social.
Una perspectiva semejante no cabe duda que sería buena para el país. El problema es que la llave para que tal perspectiva pudiera verificarse la tiene el Gobierno. Y después de escuchar a su presidente, el señor Aznar, las cosas que ha dicho antes y ha certificado después en el discurso sobre el estado de la nación, da la impresión de que dicha llave la ha arrojado al río. La entrevista con Zaplana, tal como se preveía, no ha hecho más que confirmarlo. Quizás una de las cosas que más puede censurársele a este Gobierno sea su inclinación a convertir en dramas lo que inicialmente eran sólo problemas de más o menos peliaguda resolución, pero que, de no haberlos dramatizado, tendrían más fácil salida.
Sin la reconsideración del 'decretazo', la parafernalia de reuniones sólo va a servir para escenificar la muerte de la concertación
Convertir, por ejemplo, el mantenimiento del decretazo en poco menos que una cuestión donde estaría en juego la credibilidad, la legitimidad y la autoridad del Gobierno ante la sociedad española y haber llevado el asunto a este terreno desde el principio son una buena muestra de esa especie de paroxismo y de cerrarse a sí mismo salidas frente a cuestiones cuya entidad, aun siendo importante, no valen el altísimo coste político que, como en este caso, le ha supuesto y le va a seguir suponiendo al Gobierno.
Que nadie se llame a engaño. Sin una reconsideración a fondo de los contenidos del decretazo, toda la parafernalia de contactos y reuniones entre representantes del Gobierno y de los sindicatos no va a servir para mucho más que para escenificar que la experiencia de diálogo y concertación social habida desde 1994 para acá está prácticamente muerta.
Para quienes gusta simplificar el estado de la cuestión, a lo que en este momento estaríamos asistiendo es a un pulso entre unos sindicatos crecidos por el éxito de la pasada huelga y un Gobierno resuelto a atrincherarse en su postura. La incógnita sería saber quién va a ceder primero y en qué condiciones. Pero a poco que se profundice en la naturaleza del problema se comprobará que no es una cuestión de pulsos, al menos del lado sindical.
Es una cuestión que conecta con el progresivo desinterés que el Gobierno ha venido demostrando hacia la continuidad de una política en la que el diálogo y la concertación social constituían, en sí mismos, un valor de primer orden.
No puede olvidarse que el decretazo ha venido precedido por la ruptura unilateral por parte del Gobierno del acuerdo suscrito con los sindicatos en 1998 sobre la contratación a tiempo parcial, y con el fracaso de las negociaciones para la reforma de la normativa de la negociación colectiva; fracaso que tuvo mucho que ver con el maximalismo inicial de las posiciones gubernamentales. En otras palabras, lo ocurrido guarda relación directa con la quiebra de las bases en que se sustentaba la concertación, entre las que estaba compartir el objetivo de crear empleo y, más en concreto, conseguir mayor estabilidad en el mismo a través de la mejora de los mecanismos de contratación de los trabajadores. También parecía compartirse la idea de mantener y mejorar la protección social pública. Pues bien, en cuestiones tan esenciales como éstas, el Gobierno ha roto la baraja y apuesta por la precariedad y el recorte de derechos.
Una de las preguntas que todavía cabe hacerse es si, ante los múltiples costes que para el Gobierno está teniendo su falta de previsión sobre las consecuencias tanto de minusvalorar la importancia de la concertación social como del abandono de la política que la había hecho posible, está dispuesto o no a rectificar. La insistencia sindical en que el decretazo sea reconsiderado no obedece sólo al respaldo que esta demanda ha alcanzado tras el masivo rechazo social y el amplio rechazo político que dicha medida ha provocado. Obedece también a que se ha convertido en la prueba del nueve para saber si existe o no voluntad política en el Gobierno para restablecer las condiciones que permitieron a la concertación social dar los frutos que conocemos.
Del escepticismo con que las direcciones de los sindicatos contemplan la capacidad del Gobierno para enmendar sus errores puede dar idea que ante los inminentes encuentros con Rato y con Arenas su atención esté centrada en la preparación de la masiva concentración de trabajadores que han acordado realizar en Madrid el próximo septiembre. Contra el decretazo, claro.