El Gobierno reformará los convenios si no se prorroga la moderación salarial
Patronal y sindicatos, que negociarán la revisión desde el 1 de octubre, ya han advertido de los riesgos de una reforma no negociada.La concertación social tiene tres frentes abiertos, y si no caminan sincronizadamente puede prolongarse gravemente la conflictividad social'. Así define un alto cargo empresarial la situación del diálogo social tras la huelga general del 20 de junio.
El diálogo social tiene que producirse entre Gobierno y sindicatos sobre todas las cuestiones estructurales pendientes, como la reforma de los convenios colectivos o la reforma de la Seguridad Social comprometida para el año 2003; tiene que resolver también las cuestiones apuntadas por Aznar y Rato en sus cartas a los sindicatos, y que quedan en manos del ministro de Trabajo, Eduardo Zaplana; y tiene que dar continuidad a la moderación salarial pactada entre patronal y sindicatos para este año, renovable para ejercicios futuros, y que es la clave de bóveda de la estabilidad precios y del crecimiento económico y del empleo.
El Gobierno quiere que las tres vías de diálogo caminen paralelas. Pero teme, según fuentes de la Administración, que el talante radical que han tomado los planteamientos sindicales tras la huelga general pueda condicionar el resultado de todas las negociaciones. Así, espera que la revisión del acuerdo salarial firmado para este año (y que sirvió para aparcar la reforma de los convenios colectivos) pueda prolongarse para 2003. Su revisión comienza a negociarse el 1 de octubre, y previamente habrá una reunión de la comisión de seguimiento para constatar los buenos resultados del acuerdo, que mantiene bajo control las subidas nominales de los salarios para este ejercicio, con alzas medias del 3%.
Pero los sindicatos no están enteramente satisfechos con el acuerdo, básicamente porque los empresarios y el Gobierno no han cumplido su cuota de responsabilidad para controlar la inflación y aprovechar la moderación para el crecimiento. Las centrales recuerdan que los empresarios se han escudado en el euro para subir injustificadamente los precios de consumo, y no han utilizado el control del coste laboral para estirar la inversión, que lleva varios trimestres paralizada.
El Gobierno, por su parte, no ha sido capaz de amarrar los precios, hasta el punto de que el diferencial de IPC con la UE está en máximos históricos, pese al control de las tasas de los convenios.
Por tanto, las dificultades para la renegociación del acuerdo son muchas: además de 'los incumplimientos de Gobierno y patronal', a juicio de los sindicatos, ellos han elevado el nivel de exigencia tras la reforma del desempleo, y pondrían en revisión el concepto de moderación salarial, así como su precio.
El Gobierno considera que la acción sindical, en caso de no prolongarse el pacto de moderación salarial en 2003, supondría, en la práctica, la extensión de la huelga general al conflicto en las empresas por la pelea salarial.
Para tratar de neutralizarlo, el Gobierno está dispuesto a resucitar su viejo proyecto de reformar los convenios colectivos para darle más poder a los acuerdos de empresas y los grandes pactos sectoriales, que contribuirían, según las tesis de la Administración, a flexibilizar las relaciones laborales y a abaratar el coste laboral.
El proyecto está aparcado desde diciembre de 2001. Pero en una resolución pactada con Convergencia i Uniò en el reciente debate sobre el estado de la nación, aparece la necesidad de aplicar 'las reformas económicas, fiscales y laborales precisas para mantener el crecimiento económico', que esconde, según las fuentes consultadas, la vieja reforma de los convenios.
Los sindicatos lo ven como una amenaza, que generaría más dificultades que beneficios. Cuevas, presidente de la patronal, advirtió la semana pasada que 'sería inconveniente que el Gobierno impusiese la reforma en la Ley de Acompañamiento de 2003'.
El PSOE trabaja en el embrión de su oferta económica con iniciativas parlamentarias
La satisfacción generada en la dirección del PSOE por la reciente intervención de su secretario general, José Luis Rodríguez Zapatero, en el debate del estado de la nación, y la repercusión que ésta tuvo en los medios de comunicación han eclipsado el trabajo realizado por su equipo en torno a las 200 propuestas de resolución defendidas sin éxito al final de esta cita parlamentaria. Algunas de ellas están tan elaboradas que van a ser incorporadas al embrión del programa con el que este partido concurrirá a las elecciones de 2004, según fuentes socialistas.
El PSOE defiende en una de estas resoluciones el reforzamiento de las atribuciones, grado de independencia y dotación de medios del Tribunal de Defensa de la Competencia, al que es partidario de conceder una función instructora y una mayor capacidad para decidir sobre las operaciones de concentración empresarial.
Los autores de la iniciativa proponen dar a las comisiones reguladoras sectoriales facultades de fijación de precios, otorgamiento de licencias y regulación de las condiciones de acceso a las actividades reguladas. Además, defienden una mayor participación del Parlamento en la designación de los miembros de estas comisiones.
El PSOE tiene elaborada su propuesta de reforma de la Comisión Nacional del Mercado de Valores. En la iniciativa derrotada la semana pasada, propone aumentar la responsabilidad de su Consejo, sobre todo de su presidente, y el endurecimiento del régimen de incompatibilidades.
Los socialistas también tienen muy avanzadas sus propuestas de legislación para proteger a los pequeños accionistas, con medidas dirigidas a fomentar su participación efectiva en la propuesta de nombramientos de consejeros y a facilitar su acceso a una información veraz sobre las perspectivas de la actividad de la empresa en la que han invertido sus ahorros. El PSOE propone calificar el uso de información privilegiada como infracción muy grave, con independencia del volumen de recursos y valores utilizados en la transacción. También defiende la obligación de comunicar como hecho relevante a la CNMV la relación de personas con acceso a información privilegiada, datos que serían públicos. En la misma resolución se apuesta por reformar el régimen legal de autocartera para que los inversores dispongan de la máxima información sobre los volúmenes de acciones propias que tienen las compañías y los acuerdos adoptados al respecto por sus órganos de gobierno.
El primer partido de la oposición tiene ultimado, asimismo, el proyecto de creación de una Oficina Presupuestaria en el Congreso, una promesa incumplida por el PP desde 1996. A través de ella se tendría acceso puntual a la información desagregada sobre la ejecución del Presupuesto en vigor.
Después del informe sobre la reforma fiscal presentado por un grupo de expertos cercanos al PSOE, en el que se mantiene la idea del tipo único más otro complementario, la intención de este partido es no concretar su propuesta hasta el otoño del año que viene.