Mano dura contra el fraude
Los escándalos contables están obligando a los Gobiernos a endurecer las normas por las que se rigen las empresas. Mientras el Ejecutivo español ha anunciado una reforma del Código Olivencia, en EE UU se tramita una nueva ley de contabilidad
La avalancha de escándalos contables destapados en los últimos meses, que no han hecho sino lastrar la ya de por sí mermada confianza de los inversores, ha acelerado la necesidad de tomar medidas que regulen el gobierno de las empresas. Con la premisa de proteger los derechos de los accionistas, el Ejecutivo español ha tomado cartas en el asunto y prepara ya una regulación del régimen societario actual.
La reforma pretende introducir algunas cuestiones relacionadas con la auditoría y poner al día el Código del Buen Gobierno -elaborado en 1997 por una comisión convocada a instancias del ministro de Economía, Rodrigo Rato y presidida por el catedrático Manuel Olivencia-, entre cuyos preceptos no vinculantes se incluía la separación de la figura del presidente de la del máximo ejecutivo, la definición de los nuevos consejeros independientes y la necesidad de especificar los ingresos de los auditores.
Las medidas que estudian llevar a cabo los Ministerios de Economía y Justicia de forma conjunta, y cuya adopción se pretende sea obligatoria, abogan por aumentar la transparencia de la gestión empresarial y potenciar los derechos de los accionistas minoritarios. Entre los pilares básicos del nuevo código, están la prohibición de figurar en más de tres consejos de administración, imponer el retiro de los consejeros a los 70 años, obligar a que al menos una tercera parte de los representantes del consejo de administración sean independientes y eliminar el blindaje de los contratos.
El nuevo código contempla obligar a que al menos una tercera parte de los representantes de los consejos sean independientes y elimina el blindaje de los contratos
Pero éstas no son las únicas medidas. El proyecto prevé que la presidencia de la junta de accionistas sea ocupada por un consejero independiente y se pretende que la presencia del auditor en las juntas sea obligatoria. En lo que respecta a los administradores, la norma prevé describir sus responsabilidades frente a los accionistas e introduce el deber de administración diligente, el de fidelidad, secreto y la prohibición de aprovecharse de bienes sociales y utilizar oportunidades de negocio en beneficio propio. El salario de los administradores también será objeto de regulación, ya que las cantidades percibidas por cada miembro del consejo tendrán que ser recogidas en la memoria anual de la sociedad.
La reforma también quiere acabar con los pactos entre los accionistas de control -que han perjudicado sustancialmente a los pequeños accionistas en las últimas operaciones corporativas-, ya que la regulación exigirá que se hagan públicos los acuerdos alcanzados por el núcleo duro de las sociedades. La regulación, que afectará a todas las sociedades españolas, se recogerá en el nuevo Código de Sociedades Mercantiles, y tendrá en cuenta las propuestas que desde hace años elabora la Comisión General de Codificación y las de una comisión técnica nombrada por el Ejecutivo.
Por el momento, algunos pasos ya están dados, ya que la Ley Financiera, en tramitación en el Senado, recoge la obligación de las entidades a crear comités de auditoría, integrados por una mayoría de consejeros independientes.
No obstante, la respuesta a la reforma que prepara el Gobierno no ha tardado en llegar. Esta misma semana, el presidente de la CNMV, Blas Calzada, y el gobernador del Banco de España, Jaime Caruana, alertaban sobre el riesgo de caer en un exceso de regulación de las compañías. Calzada, quien aboga por reforzar la figura de los consejeros independientes, advirtió en el transcurso de unas jornadas celebradas en El Escorial, que no hay que aplicar un código global para todas las empresas, ya que, a su juicio, cada compañía tiene sus propias características.
No hay que olvidar, además, que el nuevo código deberá adaptarse a la regulación que ya prepara la Unión Europea. El pasado mes de abril, los ministros de Finanzas de la UE, reunidos en el Ecofin, aprobaron poner en marcha una serie de actuaciones conjuntas encaminadas a reforzar las buenas prácticas en el gobierno y la dirección de las empresas, además de una mayor coordinación en la supervisión de los mercados financieros para evitar la repetición de casos como el de Enron. Las recomendaciones, redactadas por un comité de sabios y que se darán a conocer en septiembre, no supondrán la adopción de un código único en la UE, pero sí unas pautas comunes sobre el gobierno corporativo que todos los países deberán asumir.
Lo cierto es que las voces pidiendo un endurecimiento de las normas por las que se deben regir las empresas ya se habían alzado en los últimos meses. Desde el Banco de España, la CNMV, asociaciones de analistas y desde la propia UE ya habían surgido voces que abogaban por la necesidad de reformar los códigos de las empresas ante la proliferación de engaños contables en EE UU, además del escándalo de las cuentas secretas del BBVA y el fraude de Gescartera en España. Los primeros pasos ya se han dado.
Multas y penas de prisión en EE UU
Mientras en Europa todavía se debaten las medidas para combatir el fraude contable de las empresas, en EE UU han decidido cortar por lo sano. Penas de cárcel, multas y límites a las labores de los auditores son algunas de las medidas que el lunes aprobó el Senado de EE UU, sin objeción alguna. Se trata de la mayor reforma del sector empresarial de las últimas décadas, que tiene como objetivo restablecer la confianza de los inversores en las empresas y los mercados financieros.
El debate suscitado tras los escándalos de Enron, Worldcom o Global Crossing, y que han salpicado al propio presidente y vicepresidente de EE UU, ha dado sus frutos con la aprobación del nuevo sistema de contabilidad de las empresas, hasta ahora confiado a su propia regulación.
La medida bipartidista, que debe ser armonizada en sesión bilateral con la versión que aprobó la Cámara de Representantes hace tres meses, contempla la creación de una junta independiente que vigilará las acciones de las empresas auditoras. Impone penas de hasta 10 años de prisión y multas de entre 500.000 dólares y un millón de dólares para quienes cometan fraudes y exige a las compañías que presenten informes financieros fiables.
La medida limita el tipo y la cantidad de tareas de consultoría que pueden realizar las empresas que auditan los libros de contabilidad de las sociedades, como fue el caso de la auditora Arthur Andersen con el gigante energético Enron. Además, amplía los recursos de la Comisión del Mercado de Valores de EE UU (SEC, por sus siglas en inglés) para que pueda investigar con profundidad los fraudes contables, y exige una mayor transparencia en la compraventa de acciones. Además, prohíbe a los ejecutivos recibir préstamos de sus propias compañías, una práctica de la que se benefició el propio George Bush cuando era director de la petrolera Harken Energy en los años ochenta y que ahora él también pretende eliminar.
La iniciativa, que no entra en el tratamiento contable de las opciones sobre acciones, fue rápidamente contestada por la Cámara de Representantes, que ha aprobado una propuesta que amplía el número de delitos y endurece las penas de prisión hasta los 25 años.
Hasta detractores de sacar la contabilidad del sector privado como Greenspan han aplaudido la reforma al considerar que se ha dado un paso adelante para acabar con las recientes revelaciones de prácticas contables engañosas.