La UE prevé endurecer la Ley de Multipropiedad para evitar fraudes
La avalancha de quejas y denuncias que siguen recibiendo las organizaciones de consumidores y las instancias judiciales han convencido a las autoridades comunitarias del fracaso de su iniciativa legislativa. El pasado día 4 de julio, el Parlamento pidió a la Comisión Europea, con 431 votos a favor y ninguno en contra, que presente 'con la mayor presteza posible el instrumento legislativo pertinente y las medias administrativas necesarias para resolver los problemas de los usuarios de bienes en régimen de tiempo compartido garantizándoles, al mismo tiempo, el máximo nivel de protección'.
El informe parlamentario, cuyo ponente ha sido el eurodiputado socialista Manuel Medina, considera que las principales lacras de la legislación actual se encuentran en la indefensión en que deja a los consumidores ante los promotores y en 'el enfoque jurídico minimalista' de una directiva que otorga mucho margen de interpretación legal a los Estados miembros, en un servicio en el que la mayoría de las veces incluye operaciones transfronterizas.
La directiva aprobada en 1994 y que no fue traspuesta en todos los Estados hasta finales de agosto de 1999 estableció las informaciones mínimas que deben figurar en un contrato de multipropiedad, dispuso un derecho de retracto de 10 días a partir de la firma y un derecho de rescisión de tres meses. La norma afecta sólo a los contratos celebrados, como mínimo, para un período de tres años, con una utilización anual del inmueble de al menos siete días.
En la práctica, 'los consumidores se encuentran ante un mosaico de leyes que ofrecen más protección en unos Estados miembros que en otros', opina la comisión parlamentaria de Medio Ambiente, Salud Pública y Política del consumidor. La Comisión Europea añade que 'las legislaciones nacionales han reproducido las deficiencias de la directiva y, en la mayoría de los casos, han optado por una protección de mínimos'.
Picaresca de promotores
La picaresca de algunos promotores también ha servido para sortear la ya de por sí laxa directiva. Aunque todos los Estados miembros, salvo Holanda, Irlanda e Italia, decidieron incluir en su norma los contratos con una estancia inferior a los siete días (o prohibir directamente ese tipo de contratos), la mayoría en cambio mantuvo el plazo de tres años del contrato, cláusula con la que se pretendía introducir estabilidad en el mercado y evitar operaciones especulativas. El resultado, según ha sabido la Comisión, ha sido la propagación de clubes de vacaciones, en los que, mediante un pago anual, se obtiene el derecho a utilizar un inmueble durante 35 meses. Los operadores escapan así, intencionadamente o no, a la directiva de 1994.
El informe elaborado por Manuel Medina recomienda que los plazos de desistimiento se amplíen al máximo posible, siempre que se garantice la seguridad jurídica del promotor.
En cuanto al derecho de resolución del contrato, se pide que se adopte el plazo de un año, al menos para los casos más graves de incumplimiento de la legislación vigente por parte del promotor. El periodo de reflexión para el cliente debería armonizarse y calcularse en días naturales y no hábiles (que difieren de un Estado a otro), como ocurre ahora.
Un millón de familias usuarias en Europa
El sistema de aprovechamiento por turno de bienes inmuebles o multipropiedad es un negocio que comenzó hace 25 años y que mueve actualmente en todo el mundo alrededor de seis millones de euros anuales que proceden de 5.000 complejos turísticos situados en más de 80 países.
Según datos de la Organización de Tiempo Compartido Europea (OTE), cuatro millones de familias son usuarias de multipropiedad en el mundo, un millón de las cuales reside en Estados de la Unión Europea.
De ese millón de familias usuarias, un total de 400.000 disfruta de inmuebles en España, una de las grandes potencias en este sector. La mayoría de esas familias provienen de otros países europeos, ya que la cifra de familias españolas adheridas al sistema ronda las 50.000. Así, durante el año 2001 la cifra de negocio de la multipropiedad en España creció un 7%, hasta sumar 962 millones de euros. Las cifras de facturación en los últimos años se han estabilizado debido, según la OTE, a la entrada en vigor de la ley de 1999 que regula actualmente la actividad. La organización prevé un crecimiento de la cifra de negocio en todo el mundo para la próxima década dos veces más rápido que el del sector de viajes y turismo en general.
Los precios de este sistema varían sustancialmente en función de las características del complejo vacacional. En algunos casos pueden oscilar entre los 5.000 euros y los 13.500 por una semana de uso.