Cervezas

El caso del detective que espió al 'águila negra'

Un sábado de noviembre de 2000, el detective privado sevillano Juan Carlos Arias acudió en calidad de miembro de la asociación Celce de coleccionistas de envases de cerveza a un congreso de coleccionistas organizado por la compañía granadina Cervezas Alhambra en sus instalaciones cordobesas de Cervezas Sureña.

El detective en realidad estaba trabajando y el resultado de su investigación provocó uno de los mayores conflictos empresariales vividos en los últimos años en España, con la acusación de espionaje industrial por parte de Cervezas Alhambra contra Heineken España.

Arias había recibido el encargo de Heineken España para que demostrase que la cervecera granadina no estaba comercializando la marca El Águila Negra, una cerveza local asturiana que Alhambra había comprado años antes. Basada en el informe de Arias, Heineken tiene presentada una demanda civil por la que solicita la retirada del mercado de la marca El Águila Negra, de acuerdo con la ley de marcas, que establece que cualquiera puede solicitar judicialmente la retirada de una marca si demuestra que no se ha comercializado en los últimos cinco años. Y a Heineken le interesa acabar con una marca de evidente parecido a la suya de El Águila.

La respuesta de Alhambra fue una querella criminal por espionaje industrial contra Arias y los máximos directivos de Heineken España, Piero Perron y Carlos de Jaureguízar. La Audiencia Provincial de Granada ha archivado sin posibilidad de recurso la querella. Según el auto, no ha existido delito penal en la acción del detective ni de inducción en los directivos de Heineken, ya que la información se obtuvo legalmente. El juez establece, además, que la información obtenida no puede considerarse secreta por Alhambra, al tratarse de la constatación de la comercialización de un producto y no de su fabricación o fórmula.

Es decir, se puede espiar legalmente, y así lo hizo Arias. Su trabajo encontró pronto un escollo: Arias detectó, hablando con empleados de la fábrica de Alhambra, que la empresa granadina había llegado a fabricar y distribuir algunas partidas testimonialmente. Para demostrar su falta de comercialización real a efectos legales el detective tenía que conseguir envases para ver si constituían una tapadera.

Por aquel entonces, el trabajo de campo de Arias ya demostraba, según el detective, la ausencia de El Águila Negra de todos los canales de distribución (hostelería, restauración y grandes superficies, principalmente) pero faltaba la prueba ante la evidencia de que existían las botellas. Entonces llegó el congreso de coleccionistas.

Cuando Alhambra convocó el congreso en Córdoba, Arias lo tuvo fácil. Perfectamente acreditado en la puerta de las instalaciones como miembro de la asociación de coleccionistas, entró como uno más en la fábrica investigada. 'A la hora del ágape y tras varias cervezas recabé información de algunos directivos de Alhambra', señala.

Además convenció a uno de ellos de que le diese una partida de seis botellas. La excusa era fácil: era coleccionista y la marca no era frecuente. Previendo futuros problemas legales, Arias se hizo retratar por el fotógrafo de la revista corporativa de Celce mientras se tomaba una cerveza con el director de envasado de la fábrica. La foto se publicó en la revista de los coleccionistas y se convirtió en prueba a favor de Arias en el juicio, dado que Alhambra pretendía demostrar la irrupción ilegal del detective en sus instalaciones.

Botellas en mano, Arias redactó su informe: según su versión, el vidrio de la botella era idéntico al de la marca habitual Alhambra de dos grados color verde, por lo que no se había registrado un envase propio diferenciado para la marca El Águila Negra. El tapón no estaba rotulado, como es preceptivo, ni tenía la etiqueta pequeña habitual en el cuello de la botella. Es decir, según Arias, esas botellas no correspondían a una tirada registrada de marca, sino a un envasado circunstancial confeccionado con los activos de envasado de las otras marcas de la compañía. Arias estima que si la demanda de retirada de la marca prospera, Heineken España se ahorrará 1,8 millones de euros.