Sólo Madrid aplicará el recargo de la gasolina
A finales del pasado año y cuando aún no había culminado el traspaso a las comunidades autónomas de las competencias en materia de Sanidad, el Ministerio de Hacienda sorprendió a propios y extraños con la creación de un nuevo impuesto que gravaba la venta minorista de hidrocarburos y cuya recaudación iría íntegramente a financiar el gasto sanitario.
Este recargo contemplaba dos tramos, uno estatal de dos céntimos de euro (equivalente a cuatro pesetas de entonces), que comenzó a aplicarse el 1 de enero, y otro autonómico de idéntica cuantía que se podría aplicar progresivamente en tres años y cuyos recursos también deberían ir destinados a financiar proyectos sanitarios o medioambientales. Al conocerse el proyecto de Hacienda, muchas fueron las regiones, como todas las socialistas, que criticaron la medida por la filosofía del nuevo tributo y su efecto inflacionista, dado que encarecía sensiblemente productos de fuerte consumo como son los carburantes.
Pero cuando resta menos de un año para que se celebren las próximas elecciones locales y autonómicas, y transcurrido el primer semestre con las competencias sanitarias transferidas, ya ha habido una comunidad, Madrid, que ha decidido ser pionera en la aplicación del tramo autonómico de este impuesto a partir del próximo mes de septiembre.
La subida aplicada este año será de un céntimo por litro, en 2003 se ampliará a 1,70 céntimos y en 2004 llegará a 2,83 céntimos. Gracias al cobro de este recargo, el Gobierno de Alberto Ruiz-Gallardón espera recaudar este año 16,5 millones de euros y llegar a 119 millones en 2004. Pese a este anuncio, que no estuvo exento de polémica ya que el Ejecutivo madrileño pretende que la subida sea absorbida por las petroleras y no repercuta sobre los consumidores, ninguna otra comunidad ha seguido su estela y ha anunciado que aplicará el nuevo tributo.
Los porqués a esta negativa a aplicar el recargo varían ostensiblemente, según cada autonomía. El caso de Cataluña es el ejemplo más claro del 'quizás', ya que en un principio defendió la medida, pero el consejero jefe, Artur Mas, aseguró que todo dependería de la evolución de la economía. Ahora la difícil situación por la que atraviesa el matrimonio político CiU-PP deja en suspenso cualquier decisión. Las haciendas forales vascas y Navarra tampoco han tomado la iniciativa en este caso. Por su parte, las comunidades socialistas no comulgan con la filosofía del impuesto y rechazan de plano su aplicación.
En el resto de regiones, incluida Canarias, la negativa a cobrar este tributo viene motivada por los temores a que dicho aumento fiscal provoque repuntes inflacionistas y dañe los costes de producción de las empresas, y por ende el empleo. 'Acabamos de recibir la sanidad, bien dotada de recursos, por eso no es el momento', es la frase más escuchada.