El BOE publica mañana la Ley de Internet

Internet será considerado servicio universal de telecomunicaciones a partir de mañana, tras la publicación hoy en el BOE de la Ley de Servicios de la Sociedad de la Información y de Comercio Electrónico (LSSI).

Los apartados relativos al sistema y tasas de asignación del dominio '.es', así como el plan para sustituir progresivamente las líneas telefónicas rurales de acceso celular (TRAC) por otras tecnologías que permitan el acceso a la Red también entrarán en vigor mañana, mientras que el texto de la conocida como 'Ley de Internet' no será efectivo hasta el 13 de octubre.

El motivo de dicha excepción es que el texto aprobado por el Pleno del Congreso el pasado 27 de junio, con los votos de Partido Popular, Convergencia i Unió y Coalición Canaria, incluía una disposición final que señalaba que determinados campos de la LSSI entrarían en vigor al día siguiente de la publicación de la ley en el BOE. El resto lo hará a mediados de octubre, casi nueve meses después del plazo establecido en la directiva comunitaria 2000/31/CE sobre comercio electrónico para su incorporación a las legislaciones nacionales.

La problemática de las líneas TRAC (Telefonía Rural de Acceso Celular), que impide a más de 250.000 abonados acceder a Internet, deberá ahora resolverse en breve puesto que con la LSSI se modifica la Ley General de Telecomunicaciones para que, bajo el concepto de servicio universal, el acceso a la red telefónica pública y fija permita transmitir voz, fax y datos "a velocidad suficiente para acceder de forma funcional a Internet", circunstancia que no se produce con las líneas TRAC.

A estos efectos, se considerará que dicha velocidad suficiente "es la que se utiliza de manera generalizada para acceder a Internet por los abonados al servicios telefónico fijo disponible para el público con conexión a la Red mediante pares de cobre y módem para banda vocal".

Además, la LSSI establece los criterios para el desarrollo de un plan de actualización tecnológico que deberá llevar a cabo Telefónica "como operador designado para la prestación del servicio universal". Así, Telefónica deberá presentar al Ministerio de Ciencia y Tecnología antes del 13 de diciembre, para su aprobación en el plazo de un mes, un plan de actuación "detallado" para que los abonados a líneas TRAC puedan acceder a Internet.

Dicho plan deberá incluir soluciones tecnológicas "eficientes disponibles en el mercado" -y que prevean su "evolución a medio plazo hacia velocidad de banda ancha sin que ello conlleve necesariamente su sustitución" por si también fuera declarado servicio universal en el futuro- para garantizar el derecho a disponer, previa solicitud a partir de la aprobación del plan, de la posibilidad de acceso funcional a Internet "en el plazo máximo de sesenta días desde la fecha de dicha solicitud en las zonas con cobertura".

Calendario

Para ello, se establece un calendario para que antes del 30 de junio de 2003, al menos el treinta por ciento de los usuarios de TRAC puedan acceder a la Red; no menos del setenta por ciento antes de finales de 2003; y el cien por cien antes del 31 de diciembre de 2004. Esta implantación deberá alcanzar, al menos, a la mitad de los abonados en todas las comunidades autónomas antes de finales de 2003 y el plan deberá vigilar también el criterio de mayor densidad de abonados afectados.

Asimismo, la enmienda recoge que Telefónica de España podrá concluir con otros operadores titulares de concesiones de dominio público radioeléctrico contratos de cesión de derechos de uso de las bandas de frecuencia necesarias para el cumplimiento de estos objetivos, previa aprobación del departamento dirigido ahora por Josep Piqué. El Gobierno ha sugerido en alguna ocasión que la tecnología LMDS sería la más adecuada para sustituir las líneas TRAC, pero Telefónica no dispone de licencia para explotar dicha tecnología.

Dominios.es

En cuanto al sistema de asignación de los dominios '.es', las disposiciones que entrarán en vigor mañana tienen como finalidad regular los principios inspiradores del sistema de asignación de nombres de dominio '.es', "conjugando los principios de vinculación con el territorio español y de protección de derechos preexistentes con los de flexibilidad".

También se contempla la creación de un sistema de resolución extrajudicial de conflictos -que permita solucionar "de manera rápida y eficaz" las disputas que puedan surgir por la utilización de los nombres de dominio, "sin excluir el derechos de las partes a la tutela judicial efectiva"-, así como un mecanismo "más flexible" para la determinación de la cuantía de la tasa por asignación del recurso limitado de nombres y direcciones de Internet.

ISP.

A grandes rasgos, la LSSI afectará a los proveedores de servicios de la Sociedad de la Información radicados en España y cuyas actividades tengan una finalidad económica. Además de regular también los juegos de azar 'online', equipara la validez de los contratos celebrados por vía electrónica a los realizados en la vida real y establece sanciones de hasta 600.000 euros para las infracciones consideradas muy graves.

El texto, aprobado por el Consejo de Ministros el pasado 8 de febrero sobre la base de los sucesivos borradores (cinco) elaborados por el Ministerio de Ciencia y Tecnología (MCYT) -tres de los cuales estuvieron sometidos a consulta pública en Internet en su web-, superó desde finales de febrero quince peticiones de devolución -entre enmiendas a la totalidad y propuestas de veto- y más de medio millar de enmiendas (345 en el Congreso y 187 más en la Cámara Alta).

Controlar Internet

Además, el Partido Socialista (PSOE), Izquierda Unida (IU) y Partido Nacionalista Vasco (PNV) han reiterado sus críticas a lo que entienden que es un intento de Gobierno de controlar los contenidos en Internet, mientras que CiU se ha felicitado por haber logrado incluir en la redacción final del proyecto de ley medio centenar de enmiendas. Finalmente, el PP ha insistido en las 65.000 opiniones recibidas por el texto como prueba de la transparencia y búsqueda del consenso.

Por su parte, la ex ministra de Ciencia y Tecnología, Anna Birulés, responsable del proyecto, defendió siempre que la LSSI es el "marco regulatorio apropiado para el desarrollo de servicios por vía electrónica", que da "seguridad jurídica" a empresas y contempla un "elenco de garantías y derechos" al ciudadano.