El campo visto como empresa
La Comisión Europea difundió ayer oficialmente los detalles de una propuesta de reforma de la política agrícola común, cuyas profundas consecuencias tardarán años en percibirse. El alarmismo desatado entre amplias capas de la población rural del sur de Europa -en España y Francia, sobre todo- obedece a la justificada sospecha de que si el comisario Franz Fischler logra que su propuesta siga adelante, la PAC ya nunca será la misma, a pesar de que los subsidios continuarán al menos hasta 2006.
La reforma hará mucho más difícil acceder a las ayudas. Fischler desea transformar la agricultura europea en un sector sometido a la ley de la competencia y con una orientación comercial, en el que la oferta se ajuste a la demanda. Resulta revelador que los autores del proyecto hablen insistentemente de empresarios y no de agricultores. La reforma aspira a terminar con los subsidios a la producción indiscriminada y ajustará los pagos a la calidad y condiciones del producto.
El primer pago tras la reforma (previsiblemente en 2004 o 2005) aún se hará sobre la base de los subsidios recibidos con anterioridad, aunque siempre con un máximo de 300.000 euros por propietario. Pero a partir de entonces, los pagos se supeditarán al cumplimiento de todas las normas europeas sobre seguridad alimentaria, bienestar animal y respeto al medio ambiente. La introducción de una auditoría obligatoria, para determinar el cumplimiento de las normas, supondrá el verdadero examen sobre el impacto de la reforma.
Los Quince han aprobado, o están a punto de hacerlo, normas estrictas que van desde los sistemas de ventilación en los camiones de ganado al tamaño mínimo de las pocilgas. No por casualidad, esta normativa se ha ido endureciendo en los últimos años, muy especialmente desde que Austria, Finlandia y Suecia se incorporaron a la UE en 1995, países donde se prima la agricultura biológica, que no utiliza ni abonos químicos ni plaguicidas.
Los agricultores que no puedan asumir la reconversión se verán abocados a mantener la actividad sin subsidios o a abandonarla. Fischler sólo exime del tajo presupuestario a las explotaciones más pequeñas (en las que trabajen dos personas a tiempo completo y perciban menos de 5.000 euros de subsidios al año) y concede al resto una tregua de apenas cinco años. En total, todas las ayudas directas se reducirán un 3% cada año. La reforma acabará de modo progresivo con todos los objetivos sociales que inspiraron el nacimiento de la PAC en 1962, cuando una de las prioridades era preservar el tejido rural de Europa. La presión demográfica ha disminuido, y la entrada de 10 nuevos países en la Unión alienta las tesis de insostenibilidad de la PAC. La caza de primas y los fraudes tampoco ayudan a defender el mantenimiento de una PAC como la actual. Pero lo que está en juego es un cambio de modelo, una apuesta por una agricultura de raíz empresarial a la que muchas explotaciones no podrán adaptarse.