Apariencias peligrosas
Las peores apariencias no son las que engañan solamente sino las que además dañan. Como las que aparentando no darse por aludido llevaron al Gobierno a negar el conflicto social provocado por su última reforma sociolaboral y a menospreciar la huelga general que tuvo lugar el pasado día 20 de junio. O la aparente inmutabilidad del presidente del Gobierno, José María Aznar, que no ha querido retomar directamente la recomposición del diálogo con los sindicatos, delegando la tarea en su vicepresidente segundo, Rodrigo Rato.
Y la de éste pretendiendo aparentar que las conversaciones a desarrollar no han de tener nada que ver con el llamado decretazo, remitiéndolas a su vez a tres ministerios, dos de los cuales, por cierto, acaban de cambiar de titular.
Tampoco la reciente remodelación del gabinete llevada a cabo por el presidente del Ejecutivo cambia la situación de fondo creada por su política social y otros desaguisados recientes en casi todas las áreas de Gobierno, aunque con las renovaciones y los bailes de ministros parezca que ya se ha pasado la página de los problemas pendientes.
æpermil;stos siguen sin resolverse y los golpes de efecto presidenciales no evitan los daños que producen en el clima social y sobre todo a multitud de personas que están siendo despedidas sin causa justa o a quienes van perdiendo sus exiguas prestaciones por desempleo desde que entró el vigor la reforma, vía decreto, el pasado 25 de mayo.
Dice el presidente del Gobierno, José María Aznar, en la carta enviada a los secretarios generales de los sindicatos Comisiones Obreras (CC OO) y la Unión General de Trabajadores (UGT) que 'aunque nuestra situación ha mejorado enormemente, el Gobierno estima que todavía es posible hacer mucho más. Debemos aspirar al pleno empleo. Y alcanzar este objetivo será más fácil si restablecemos el diálogo social y realizamos las reformas imprescindibles para conseguirlo'.
La primera aseveración no es cierta porque las cosas van peor de lo que fueron tras las reformas consensuadas en la legislatura anterior, con las que se consiguió un vigoroso crecimiento del empleo y que más del 80% del empleo neto creado fuese estable.
Ahora sigue aumentando el paro en términos anuales y cuando se presenta un mes menos malo como ha sido el pasado de junio, el paro registrado desciende por debajo de la media de aquellos años y los contratos indefinidos caen de forma alarmante en beneficio de los contratos temporales.
Menor creación de puestos de trabajo y mayor precarización no es mejorar enormemente, como afirma José María Aznar, sino empeorar tendencialmente.
Ciertamente sería más fácil remontar la situación restableciendo el diálogo social, pero es poco creíble la voluntad que al respecto declara el presidente del Ejecutivo cuando deforma la realidad a su conveniencia política y acto seguido le endosa al ministro de Economía, Rodrigo Rato, los contactos con las centrales sindicales.
Menos aún cuando acaban de aprobar en el Consejo de Ministros del pasado viernes, no ya sin negociación alguna con los interlocutores sociales, ni tan siquiera escucharles, sino desoyendo incluso las objeciones del propio Consejo de Estado, una reforma tan importante como la que entraña la nueva Ley Concursal, ya que invade competencias de los juzgados de lo social en situaciones de quiebra de las empresas, debilita la defensa de los trabajadores en tales supuestos y les anula algunos de sus derechos.
En este río que sigue tan revuelto, faltaba Convergencia i Unió (CiU) pidiendo negociar las enmiendas a la reforma no ya como grupo parlamentario sino como un asunto entre Gobiernos, autonómico y central.
Queriendo, tal vez, dar una apariencia de mayor peso político terminaría por confundirse la dimensión del problema, limitándolo desde sus consecuencias sobre todos los trabajadores españoles en general a uno de carácter competencial en el ámbito de una comunidad autónoma.
Aunque quizás no haya reparado la Generalitat de Cataluña que con ello se convertiría en sujeto directo de un conflicto que ha tenido otros actores principales e insustituibles: el Gobierno que presidente José María Aznar y los sindicatos.
Las confederaciones sindicales, por su parte, no deberían preocuparse más por aparecer en la foto con el vicepresidente acudiendo a la reunión que les ha solicitado telefónicamente que por dar la impresión de que rehúsan cualquier posibilidad de negociación, porque aún en el peor de los casos siempre podrían cargarse de razón ante la opinión pública exponiendo de nuevo sus propuestas y poner en evidencia al Gobierno antes de la celebración del debate sobre el estado de la nación que tendrá lugar los próximos lunes y martes, si se confirmase que la llamada de Rodrigo Rato había sido una simple treta.
Como tampoco estaría de más aprovechar todas las oportunidades que puedan presentarse en lo que quede del periodo de sesiones en el Parlamento, para dejar bien claro que cualquier posible mejora o rectificación de la reforma que pudiera tramitarse como enmienda ha sido gestada, promovida y conseguida gracias a los convocantes de la huelga que tuvo lugar el pasado día 20 de junio.
Con ello ni se renunciaría a seguir reclamando la restitución de los derechos que siguiesen lesionados por el texto legal ni en consecuencia a proseguir la lucha por esa causa, pero supondría un primer resultado en la gestión sindical del conflicto.
El próximo día 2 de septiembre termina el plazo de presentación de las enmiendas y el 30 el denominado decretazo será una ley aprobada por el Parlamento. Después, las leyes no se retiran, si acaso se sustituyen por otras y cuando lleguen -si llegan- otros Gobiernos. Pero eso no se sabe cuánto tardará en llegar y es subordinar los logros sindicales al devenir político.
Mientras unos y otros se cuidan de la apariencia que dan en este rifirrafe, no se evitan los perjuicios que la reforma gubernamental está ocasionando y los que ocasionará a muchos trabajadores si no se aprovecha el tiempo con estrategias más sustantivas.