Reforma del IRPF, proyecto compartido
Juan Bravo Rivera analiza la relación entre las Administraciones regionales y el impuesto sobre la renta, y destaca que su última reforma pone el acento en las familias, los mayores, los discapacitados y el empleo
Desde el 1 de enero de 1997 el IRPF es un impuesto cedido a las comunidades autónomas o, para entendernos mejor, es un impuesto que se comparte entre éstas y el Estado. Además, desde el 1 de enero de este año, y como fruto de los acuerdos alcanzados en el Consejo de Política Fiscal y Financiera a lo largo de 2001, puede afirmarse que el IRPF es hoy un impuesto en el que la corresponsabilidad de las comunidades ha crecido de forma importante. En efecto, las Administraciones regionales han pasado a participar en el 33% de la recaudación, viendo incrementada su capacidad normativa.
Planteadas así las cosas y teniendo en cuenta que el 44,7% del presupuesto inicial de ingresos de la Comunidad de Madrid para el año 2002 depende del IRPF, a nadie debe extrañar que, en mi condición de consejero de Hacienda, preste una extraordinaria atención sobre cualquier iniciativa que pueda tomar el Gobierno de la nación respecto a este impuesto.
A mi juicio, para poder hacernos una idea fiel del calibre de la reforma del IRPF, es necesario abordar dos grupos de materias: cómo actúa ésta sobre el impuesto y los efectos esperados de la misma. En cuanto a cómo actuará la reforma sobre el impuesto, considero que incide en tres aspectos esenciales: en primer lugar sobre la reconfiguración de la renta sometida a gravamen, debiendo destacarse que el Gobierno ha redefinido este parámetro en un contexto de importantes rebajas fiscales a la familia.
Evidentemente, esta reconfiguración afectará, en principio, a nuestra recaudación, por lo cual una parte de la rebaja del IRPF no será sólo una rebaja que se lleve a cabo por el Estado, sino que a ella también contribuirá la Comunidad de Madrid. Dicho con otras palabras, todas las comunidades seremos corresponsables en la segunda rebaja del IRPF, algo que nos satisface porque estamos convencidos de los efectos positivos que ello conlleva.
El segundo punto en el que quiero poner un énfasis especial es la disminución de la tarifa. Pues bien, en relación con esta trascendental medida, debo reconocer la sensibilidad que el Estado ha tenido hacia las comunidades autónomas, fruto de la cual, según los escenarios que hemos hecho en la Comunidad de Madrid, ninguna comunidad perderá por esta razón un solo céntimo de euro. Ello se deriva de la responsabilidad demostrada por el Gobierno de la nación a la hora de diseñar la nueva tarifa autonómica, en la que se comprueba que los marginales mínimo y máximo aplicables en el año 2002 son idénticos a los fijados para 2003.
El tercer punto del análisis dedicado a cómo actuará la reforma sobre el impuesto es el referido a la deducción por maternidad. En este asunto hay que volver a poner de relieve el proceder equilibrado del Gobierno de la nación, ya que la deducción se ha planteado como un beneficio para los ciudadanos que afectará única y exclusivamente a la recaudación del Estado.
En definitiva, estamos en presencia de una reforma que pone un énfasis especial en las familias, en los mayores, en los discapacitados y en el empleo y que, a la vez de reducir el impuesto en una media del 11,1% para el conjunto de los contribuyentes, producirá para el 55,6% de éstos, que se encuentran en niveles de renta de hasta 12.020 euros, una reducción que alcanza el 38,14%.
La segunda vertiente del análisis de la reforma es la referida a los efectos esperados. A mi juicio, la exposición de motivos del proyecto normativo acierta al afirmar que éstos coincidirán con los objetivos fundamentales en materia económica, como son el crecimiento con creación de empleo y la estabilidad. Así, en el corto plazo, y en la medida que la reforma lleva aparejada una 'rebaja' del impuesto, ésta se dejará sentir rápidamente por conducto de las retenciones, con lo cual aumentará la renta en manos de los ciudadanos a partir del 1 de enero de 2003. En cuanto a sus efectos a medio plazo, se considera que las reformas emprendidas -y muy especialmente las que afectan a las familias- son un paso esencial e imprescindible.
Dicho todo lo anterior, resta indicar que valorando desde la Comunidad de Madrid de una forma extraordinariamente positiva el conjunto del proyecto, consideramos que todas las medidas adoptadas no deben entenderse como un punto final en el conjunto de medidas estructurales que, para la consecución de la sociedad que queremos, es preciso llevar a la práctica. De aquí que, felicitando al Gobierno por su iniciativa, podamos ya anunciar que el Gobierno regional continuará impulsando el apoyo a la familia a través de diversas medidas en varios ámbitos de su marco competencial.
Por esta razón, la reforma del IRPF es para nosotros el preludio de un futuro volcado en la familia.