Los bancos de Argentina vuelven a rechazar el plan monetario del gobierno
La Asociación de Bancos de Argentina ha vuelto a rechazar el plan monetario del gobierno, al insistir en que se anule la norma que permite el rescate de depósitos bancarios por medio de un canje voluntario por bonos públicos.
Los representantes de la banca local ha hecho este planteamiento durante una reunión con el ministro de Economía, Roberto Lavagna, y el secretario de Finanzas, Guillermo Nielsen.
Portavoces oficiales señalaron en cambio que la reunión estuvo destinada a analizar aspectos técnicos del sistema financiero, cuya reestructuración es una de las condiciones que pone el Fondo Monetario Internacional (FMI) para ayudar a Argentina.
Los bancos instalados en este país, la mayoría extranjeros, reclaman que el canje de bonos públicos por depósitos bancarios sea obligatorio, como también recomienda el FMI.
La posición de la banca y del FMI coincide con la de las autoridades del Banco Central, que discrepan con la política puesta en marcha por Lavagna.
Pero el ministro de Economía ha dicho varias veces y vuelto a repetir hoy que el gobierno no está dispuesto a obligar a los ahorradores a que canjeen su dinero por títulos públicos sino a ofrecer "la mayor cantidad de alternativas posibles" para el rescate de sus fondos.
La reunión entre el ministro y los banqueros se llevó a cabo en el contexto de la escasa aceptación de los dueños de cajas de ahorro y cuentas corrientes a la oferta de canjear su dinero por bonos en dólares con vencimiento a tres años de plazo.
Solamente el uno por ciento de los dueños de cuentas a la vista aceptaron la oferta de canje, que vencía el viernes último y fue prorrogada hasta el 16 de julio próximo.
En la misma fecha vence el plazo para que los ahorradores puedan canjear sus depósitos bancarios retenidos por bonos públicos con vencimientos a tres, cinco y diez años.
Los banqueros consideran que un canje obligatorio frenará el drenaje de fondos que sufre el sistema financiero e impedirá que sigan las demandas judiciales que les hacen los ahorradores.