Conflicto de intereses

Los expertos advierten que el DNI digital puede vulnerar la competencia

El futuro DNI electrónico que prepara el Gobierno puede violar las normas de competencia del mercado de prestadores de firma electrónica. Así lo sostienen el director de la Agencia de Protección de Datos, Juan Manuel Fernández, y otros expertos jurídicos. El motivo es que el documento de identificación electrónica que ha diseñado el Ejecutivo llevará incorporada una firma digital, lo que dejará en situación de desventaja a los certificadores de firma privados.

Pese a que la futura Ley de Firma Electrónica, en la que se incluirá el DNI digital que el Gobierno quiere instaurar antes de 2004, todavía no ha comenzado a tramitarse, las críticas al diseño de este nuevo sistema de identificación comienzan a oírse ya. Así, el director de la Agencia de Protección de Datos (APD), Juan Manuel Fernández, alertaba durante unas conferencias organizadas por el Instituto de Fomento Empresarial de la posibilidad de que el futuro DNI electrónico vulnere las normas de competencia.

El motivo es que, tal y como está previsto en la futura ley, el DNI electrónico incorporará un dispositivo de rúbrica electrónica que permita a los ciudadanos firmar sus trámites con la Administración. 'Está previsto que el DNI electrónico sustituya al actual, pero lo que no puede ser es que incorpore la firma electrónica porque entonces interferirá en la competencia', señaló el director de Protección de Datos.

En su opinión, cuando los ciudadanos tengan en su poder un DNI que lleve incorporada una firma digital 'no necesitarán acudir a ningún otro certificador de rúbrica', con la consiguiente ruptura de la competencia del mercado. La opinión del director de la APD coincide con la de muchos expertos jurídicos.

Alejandro Domínguez, del bufete de Javier Cremades, reconoce que su despacho formuló esta objeción al Ministerio de Ciencia y Tecnología que dirige Anna Birulés en los comentarios que remitieron sobre el proyecto de ley, pero que en ese momento todavía no se había perfilado el modelo de documento electrónico. En caso de que el Gobierno 'tratase de imponer su estándar de firma en el ámbito privado, habría que ver si esa decisión es conforme con el derecho de competencia'. Carlos Rodríguez Sau, abogado de Landwell, coincide en que 'al menos hipotéticamente' la preocupación existe. Rodríguez Sau considera que, además de ser utilizado en las relaciones con la Administración pública, el futuro DNI electrónico 'podría ser aceptado como identificación por empresas y entidades privadas', lo que provocaría una situación de desventaja respecto a los demás certificadores. 'Puede que el DNI reste mercado a otras empresas, pero a fecha de hoy ese mercado en España no está cubierto y el hecho de que se cubra puede impulsar la demanda de certificados'.