Polémica

Zaplana rectifica y no da paga vitalicia a los ex presidentes

Las críticas que han llovido en la última semana sobre el presidente valenciano, Eduardo Zaplana, y el secretario general de los socialistas valencianos, Joan Ignasi Pla, surtieron efecto ayer, pocas horas antes de votarse la polémica ley que regula el estatus de los ex presidentes de la Generalitat Valenciana.

El PP y PSOE anunciaron que los ex presidentes que decidan incorporarse al Consejo Jurídico Consultivo (CJC) no serán miembros permanentes, como dice la ley aprobada ayer, sino por un plazo máximo de 15 años. æpermil;ste era el aspecto más polémico de la propuesta, ya que los miembros del CJC tienen un sueldo superior al del propio presidente de la Generalitat. En 2000 percibieron 71.020 euros brutos, por lo que si se les ha aplicado el 2% de aumento anual, este año cobrarán 73.889 euros.

La otra novedad respecto al proyecto inicial es que sólo accederán al estatus previsto en la ley los presidentes que lo hayan sido al menos durante una legislatura. La ley incluye derecho a despacho, vehículo oficial, dos asesores, servicio de seguridad y asistencia en viaje de las oficinas de representación de la Generalitat.

Dado que el proyecto de ley se tramitó por el procedimiento de urgencia, que no admite enmiendas, PP y PSPV-PSOE optaron ayer por aprobarlo tal como estaba redactado y comprometerse a modificarlo en cuanto se inicie el próximo periodo de sesiones. Esquerra Unida reclamó la retirada del proyecto y que se elaborase uno nuevo por el procedimiento ordinario.

La marcha atrás de Zaplana y Pla se produjo en el último momento, ante la avalancha de críticas recibidas, especialmente las expresadas en público por destacados miembros del PSPV-PSOE, como Ciprià Ciscar. El propio Joan Ignasi Pla había defendido el pacto inicial en el programa El tercer grado, de Televisión Española, el miércoles por la noche.

Poco después de aprobarse la ley, la portavoz del Gobierno valenciano, Alicia de Miguel, anunció que Zaplana renunciará al sueldo de forma irrevocable, 'para evitar que alguien pueda pensar que ha buscado beneficio económico alguno'.

Campaña polémica

Por otro lado, el Gobierno valenciano ha sacado a concurso una campaña de publicidad institucional de 2,1 millones de euros para 'reflejar la modernización experimentada por la Comunidad Valenciana en los últimos años', según el pliego, que incluye una larga relación de logros de la Generalitat de obligada inclusión en los anuncios. La campaña se difundirá entre septiembre de 2002 y junio de 2003 -las elecciones autonómicas son en mayo-, lo que ha sido criticado por la oposición.