Anticorrupción sugiere que el juez Garzón favorece al BBVA

La Fiscalía Anticorrupción envió un escrito al juez Baltasar Garzón en el que cuestiona la estrategia que sigue el magistrado en la instrucción del caso BBV.

En su largo texto de 13 páginas, el fiscal David Martínez Madero comienza por recordar que 'hace ya 53 días' le pidió al juez que requiriera al BBVA documentación relacionada con la 'utilización de las estructuras de Jersey'. 'El juzgado nada ha resuelto' sobre estas diligencias, afirma el escrito.

Asimismo, pide a Garzón que en un plazo 'no superior a 10 días' requiera al banco la identidad de los titulares reales de los fondos canalizados por las cuentas abiertas en una oficina del BBVA en Bilbao a nombre de Orquidia Investments Corporation y de Cheswick Investments Inc., e indicando también la identidad completa de la sociedad Espamex y de sus apoderados. El fiscal se refiere a algunas de las compañías que podrían haber servido para canalizar la 'comisión de delitos contra la Hacienda pública y de blanqueo de capitales mediante la utilización en España de estructuras suministradas por la filial del banco en Jersey'. Entre otras firmas, menciona en su escrito a Rona Industries, Caraway Holdings, Camaret Holdings, Argent Investments, Simwell Investments, Vancouver Finance, Candlestone Holdings, Yamala Holdings, Palace Properties, Paddock Holdings y Ozinvest Establishment.

En el mismo apartado del escrito, recuerda la denuncia presentada por Ciro Nicolás Ucelay Sabina, heredero de Tabacos Corona, que llevó al fiscal a proponer, y al juez, a decidir practicar diligencias que implican la declaración de 11 imputados. En este sentido, el fiscal considera 'prioritaria' la comparecencia de las personas imputadas.

Más adelante, el fiscal cuestiona que el magistrado le haya atribuido 'de facto a BBVA, SA la cualidad de parte procesal'. Y, por tanto, permitirle 'la posibilidad de incidir en la instrucción' del caso. Al respecto, recurre contra la providencia dictada por el juez el pasado 24 de junio, en la que se cita a declarar a los empleados del BBVA José Carlos Pla Royo y José Manuel Baños, ex directivos del Banco Continental de Perú.

A juicio del fiscal, estas dos declaraciones previstas para mañana, así como cualquier otra ligadas a la trama latinoamericana del caso sólo deberían tomarse tras la comparecencia del testigo protegido Nelson Rodríguez. El escrito recuerda que 'lo declarado por el testigo protegido' carece de virtualidad en fase probatoria, lo que hace que su declaración sólo puede tener validez si es realizada ante las partes. Esto significa que la declaración que el testigo hizo ante el juez y el fiscal en Puerto Rico no servirá al proceso si Rodríguez desaparece antes de declarar en España. Por ello, requiere al juez que el testigo protegido 'pueda ser oído con todas las garantías procesales y de seguridad', antes que otros testigos relacionados con sus denuncias.

El banco remite un informe sobre Venezuela

 

 

 

 

En otro recurso de reforma, esta vez contra la providencia de Garzón del 25 de junio pasado, el fiscal sostiene que la petición al banco para que le remita las normas legales de Venezuela relacionadas con los pagos efectuados a las campañas electorales de 1998 y 1999 del presidente Hugo Chávez no es 'ajustada a Derecho'. El fiscal lo cuestiona 'por resultar cuanto menos ineficaz requerir a la entidad BBVA, SA, con el fin de que tal entidad sea la que emita 'testimonio' relativo a la legislación aplicable en dicho país'.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

El banco, por su parte, remitió los requerimientos del juez sobre la legislación venezolana. Además de una copia de las leyes de partidos políticos, de reuniones públicas y de la Ley Orgánica del Sufragio, el BBVA remitió también el informe del 'prestigioso abogado penalista venezolano Raúl Mathison Bartoli'. El dictamen, encargado por el banco, concluye que, si caben responsabilidades, éstas atañen a quien o quienes recibieron esos pagos, no al banco.