Las enmiendas de los sindicatos anularían el decretazo laboral

Los sindicatos insisten en pedir al Gobierno (el sábado, la última vez, en conferencia de prensa de sus secretarios generales) la retirada íntegra del real decreto de reforma de la protección por desempleo. Pero para el supuesto de que el Gobierno no acceda a ello, cuestión que ya ha explicado el Ejecutivo, las dos centrales sindicales tienen ya preparadas las enmiendas para presentar a los grupos parlamentarios de todos los partidos políticos, para que hagan valer sus propuestas en el debate parlamentario cuando se tramite, ya en septiembre, la reforma como proyecto de ley.

Las enmiendas, que serán presentadas también al Partido Popular, suponen, en la práctica, anular, dejar en papel mojado, el diseño del Gobierno. Proponen restituir los salarios de tramitación, la prestación para los fijos discontinuos, el subsidio agrario en Andalucía y Extremadura para todos los nuevos perceptores, así como eliminar la imposición del compromiso de actividad firmado por los parados para tener derecho a la prestación.

Por lo que se refiere a los salarios de tramitación en los casos de despido, proponen que se eliminen las modificaciones incluidas en el Estatuto de los Trabajadores, y se restituya el concepto jurídico, de tal forma que el empresario abone la masa salarial devengada por el trabajadores desde la fecha del despido hasta la sentencia firme de los tribunales.

Los sindicatos no están dispuestos a entrar en una negociación sobre cambios en la Ley de Procedimiento Laboral (lo había propuesta la Administración a través del PP) que acorte los plazos judiciales hasta que no se haya restituido el derecho. Rechazan también la propuesta presentada por Convergència i Unió, también vía enmienda, de que sea un organismo público financiado por cuotas (el fondo de garantía salarial) quien se haga cargo de los salarios de tramitación.

Subsidio agrario

En cuanto al subsidio agrario en Andalucía y Extremadura, proponen que se elimine de la Ley de Seguridad Social el derecho exclusivo de quienes han estado en los tres últimos años en el sistema asistencial de protección agraria a percibirlo, para que puedan percibirlo todos, también los jóvenes que lleguen ahora.

Proponen los sindicatos que la escala de aseguramiento del sistema contributivo agrario sea similar al resto del sistema contributivo general, de tal forma que por cada doce meses cotizados se tenga derecho a cuatro meses de prestación, y no a tres como recoge el real decreto actual. Para Andalucía y Extremadura consideran que se deben permitir los dos sistemas para que los trabajadores del campo opten para cuál de ellos quieren cotizar.

En cuanto a los fijos discontinuos, proponen eliminar de la normativa de Seguridad Social la referencia que autoriza a devengar y cobrar prestación por desempleo sólo a los contratos 'regulados en el artículo 15 del Estatuto', aquellos con llamada incierta. Con la enmienda propuesta por los sindicatos se restablecería la prestación para todos los contratos de fijos discontinuos, fuesen de llamamiento cierto (ahora sin protección) o incierto.

El Gobierno aprobó también una modificación legal para evitar el recurso empresarial a rescindir contratos en los periodos de vacaciones. En concreto, impedía el disfrute de la prestación hasta que el trabajador hubiese agotado el periodo de vacaciones. Los sindicatos proponen que de ser así, se modifique la ley de tal forma que obligue a las empresas a abonar las vacaciones al trabajador y a abonar igualmente las cotizaciones por el tiempo de vacaciones, aunque haya sido rescindido su contrato. Pretenden así que el castigado sea quien supuestamente cometía el fraude: la empresa, y no el trabajador.

UGT y CC OO presentarán también a los grupos parlamentarios una enmienda para que todos los parados incluidos en el programa de renta activa de inserción (RAI) pasen a ser considerados como perceptores generales de subsidio por desempleo. Así, se convierte la prestación en un derecho subjetivo de los afectados, y deja de estar pendiente de la existencia de disponibilidad presupuestaria, que es lo que ocurre ahora, y de cambios en las condiciones de acceso, que igualmente se modifican en función de la disponibilidad de recursos.

Las centrales proponen también que se restituya la incompatibilidad entre rentas del trabajo y subsidios para los mayores de 52 años. Trabajo proponía que en los casos de los mayores de 52 años el empresario recibiese, si contrataba, el subsidio como bonificación.

El compromiso de actividad, si hay proyecto de formación y empleo

 

 

 

 

 

 

 

 

Los sindicatos proponen que se elimine el compromiso de actividad que se exige desde la reforma a los perceptores de seguro o subsidio de desempleo para tener derecho al cobro. A juicio de las centrales el derecho al cobro se genera con las cotizaciones y el hecho de estar en desempleo.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Los sindicatos respetan que se exija la firma por parte del parado de un compromiso de actividad, pero siempre a posteriores de dos cuestiones: una, el cobro de la prestación, y una segunda, a la presentación, por parte de la oficina pública de empleo, de un itinerario formativo y de empleo para el desempleado que se ajuste a sus condiciones formativas y laborales. Sólo en ese caso se debe exigir la firma de un compromiso de actividad al parado.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

La exigencia sindical es para que se restablezca el compromiso de formación del servicio público previamente. Esta estructura ya funcionaba antes de la reforma, de tal manera que ya la legislación anterior permitía a la oficina pública retirar la prestación si el trabajador no acudía a los cursos a los que se citaba o rechazaba los empleados que se le ofrecían.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Otra enmienda que presentarán los sindicatos propone eliminar la discrecionalidad que se le da al Inem de hacer cualquier tipo de oferta de empleo a los perceptores de empleo que lleven un año en tal situación. Es decir: mantener el concepto de empleo adecuado siempre, independientemente del tiempo que el parado lleve percibiendo seguro o subsidio.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Por lo que se refiere a la distancia a la que un desempleado no podrá rechazar una oferta de empleo, los sindicatos no tienen aún cerradas las enmiendas de corrección. Pero aseguran que debería ser corregido estableciendo una escala por zonas, tanto la distancia como el tiempo a emplear para los desplazamientos, ahora establecido en dos horas desde el domicilio.