Trabajo negociará con los sindicatos tras el verano, pero no hablará de desempleo

El Gobierno no retomará la negociación con los sindicatos hasta después del verano, pero no está en sus planes recuperar el diálogo sobre la protección por desempleo. æscaron;nicamente hablará de pensiones, formación profesional o siniestralidad laboral. Los sindicatos, por su parte, analizan hoy en sus cúpulas directivas qué estrategia adoptar tras la huelga del pasado día 20 de junio. El PSOE, mientras, baraja fórmulas legales para neutralizar el decreto, y la Junta de Andalucía anuncia un recurso de inconstitucionalidad. Por otro lado, Alemania estudia una reforma similar a la española, con recortes del subsidio por paro a quien rechace ofertas de empleo; pretende reducir drásticamente el gasto por desempleo.

El Ministerio de Trabajo quiere reanudar las negociaciones con los sindicatos, pero no para hablar sobre la protección por desempleo, sino para negociar el resto de asuntos pendientes en materia laboral. Tras la huelga, el Gobierno sólo hablará con los grupos parlamentarios para modificar la nueva normativa vigente desde la promulgación del decreto.

Fuentes del Ministerio de Trabajo informaron ayer de que la reanudación de estas conversaciones no puede hacerse de forma inmediata después del 20-J, porque el conflicto está aún 'demasiado caliente'.

Por ello, el plan de Trabajo es tener algún contacto 'informal' antes del verano con los responsables de las centrales sindicales y reanudar formalmente las negociaciones tras el paréntesis estival. Los asuntos pendientes de negociar, según estas mismas fuentes, son la reforma del sistema de formación continua, el desarrollo del Acuerdo de Pensiones y la mesa sobre siniestralidad laboral.

En materia de formación continua, el Tribunal Constitucional falló recientemente a favor de la Generalitat de Cataluña, que reclamó su derecho a participar en la gestión de los fondos públicos dedicados a este tipo de formación por parte de las empresas, hasta entonces en poder exclusivamente de la Administración central. Por este motivo, Trabajo entiende que debe reformarse el actual sistema de manera que se reconozca más poder a las comunidades autónomas. La incógnita es cómo quedarán representados en este nuevo sistema los sindicatos y empresarios, hasta ahora los encargados de la gestión, junto a Trabajo.

Además, queda pendiente la reforma del sistema de negociación colectiva. Respecto a este punto, las fuentes de Trabajo indicaron que el Gobierno no decidirá hasta octubre -fecha en la que patronal y sindicatos estudiarán la renovación del actual acuerdo para la negociación colectiva de 2002- para decidir si abordan una negociación sobre el tema. No obstante, a fecha de hoy, lo más probable es que esta reforma de los convenios no se lleve a cabo en lo que queda de legislatura.

Por su parte, los sindicatos aseguraron ayer que acudirán a la llamada de Trabajo para negociar lo que se les proponga. Aunque responsables de CC OO y UGT insistieron en que será 'muy difícil' que el Gobierno recupere el diálogo con las centrales.

La secretaria de Empleo de CC OO, Lola Liceras, declaró ayer: 'Las cosas no están claras, en la medida que el Gobierno sigue insistiendo en que no ha existido huelga general y que va a mantener sus posiciones'. Si bien Liceras admitió que su sindicato está 'abierto' a discutir sobre el decreto del desempleo y sobre el resto de las reformas que se deban abordar en el futuro en materia de protección social y mercado laboral.

El secretario de Acción Sindical de UGT, Toni Ferrer, advirtió, por su parte, que 'si el Gobierno no deroga el decretazo y abre un proceso de negociación con los sindicatos, se enfrentará hasta el final de la legislatura con un sendero sembrado claramente de conflictos'.

Castigo a CiU

Los sindicatos volverán a entrevistarse con los grupos parlamentarios y los secretarios generales de los partidos políticos para tratar de que éstos incluyan las propuestas sindicales en sus enmiendas al proyecto de ley, que desarrollará el decreto de reforma del desempleo.

Precisamente, el Gobierno se había mostrado hasta ahora dispuesto a negociar con CiU y otros grupos parlamentarios alguna enmienda al texto inicial del decreto. Sin embargo, el secretario general del PP, Javier Arenas, anunció ayer que su partido ha abierto 'un periodo de reflexión' en sus relaciones con CiU, a consecuencia de 'un cúmulo' de actitudes y 'ambigüedades' de los nacionalistas catalanes.

'No rompemos ningún acuerdo, pero estamos pensando qué es lo que debemos hacer', dijo Arenas, quien reconoció que uno de los factores principales de esta decisión ha sido la estrategia de CiU de 'jalear' la huelga general del 20-J. Esto abre una incertidumbre respecto a las negociaciones de enmiendas pactadas en el proyecto de ley de reforma del desempleo.

Por otra parte, el pleno del Consejo Económico y Social (CES) -órgano consultivo del Gobierno en el que están presentes la patronal, los sindicatos y miembros de la economía social- aprobó ayer con 41 votos a favor, dos en contra y dos particulares un dictamen repleto de críticas hacia el anteproyecto de Ley de Empleo elaborado por el Ministerio de Trabajo.

Servicios de Empleo

El texto de este anteproyecto, que el Consejo de Ministros aprobó el mismo día que el decretazo, sienta las bases legales del nuevo Servicio Nacional de Empleo, que estará formado por el Servicio Público Estatal y los Servicios Públicos de las comunidades autónomas.

El CES considera que ésta ley debería haberse hecho con anterioridad a los procesos de transferencias de las políticas activas. En este sentido, el dictamen aconseja un mayor esfuerzo de interlocución por parte de las Administraciones 'para minimizar los conflictos competenciales entre autonomías'.

Las críticas del CES afectan sobre todo a las lagunas sobre la articulación y las competencias de los nuevos servicios de empleo autonómicos y estatales y a lo 'confuso' de su financiación. Y cree necesario clarificar quiénes pueden intermediar en el mercado laboral. El dictamen incluye una enmienda de los sindicatos que critica 'por engañosa', la posibilidad de compatibilizar las políticas activas con la prestación o subsidio por desempleo.