El Gobierno dejará encarrilada en julio la tramitación parlamentaria del IRPF
El presidente del Gobierno, José María Aznar, se ha propuesto cumplir en su práctica totalidad los compromisos que contrajo en abril de 2000 en el debate de investidura, antes de abrir en todas sus derivadas políticas y económicas el proceso de sucesión en el cartel electoral. En la dirección del PP se considera que el horizonte del que dispone para ello llega hasta julio del año que viene.
El presidente ha dictado ya sus prioridades para los próximos meses. El Grupo Parlamentario Popular dejará encarrilada en el Congreso la reforma del impuesto sobre la renta de las personas físicas (IRPF) en el mes de julio. El debate de las enmiendas a la totalidad está previsto para el próximo jueves 27 y la discusión de las enmiendas parciales en el trámite de comisión se celebrará, salvo sorpresas de última hora, el 17 de julio, inmediatamente después de la celebración del debate sobre el estado de la nación. El paso del nuevo IRPF por el Senado se dejará para el otoño.
La razón de esta celeridad obedece al deseo del equipo económico del Gobierno de que el debate sobre la reforma del impuesto no se solape con el de los Presupuestos Generales del Estado de 2003, que serán presentados en la Cámara baja a finales del mes de septiembre. En el Ministerio de Hacienda ya se han comenzado a negociar con Convergència i Unió algunas enmiendas parciales al proyecto de ley del IRPF.
Otra de las prioridades del Gobierno será la negociación del pacto local, lo que el PP ha dado en llamar la 'segunda descentralización', en cuyo balance quiere ver un reparto de competencias de carácter estable entre las tres Administraciones públicas. En la estrategia del PP pesa la necesidad de desvincular este posible acuerdo de la reforma de la financiación de las Haciendas locales, esquema opuesto a los intereses del partido socialista. En esta última formación política se observa con creciente escepticismo la posibilidad de alcanzar un acuerdo con el Gobierno en este ámbito, teniendo en cuenta la proximidad de las elecciones municipales y autonómicas previstas para el año que viene.
Financiación local
El PSOE defiende que lo primero es garantizar un sistema adecuado de financiación municipal para abrir después un amplio abanico de reformas que trasladen más competencias sobre seguridad ciudadana a los alcaldes, impulsen la justicia de proximidad y aumenten el protagonismo de las corporaciones locales en la política de vivienda, suelo, educación infantil, políticas activas de empleo e integración de los inmigrantes.
El Gobierno no ha incorporado a la lista de prioridades, de momento, otras promesas hechas por José María Aznar en su primera investidura por mayoría absoluta. El compromiso de reformar la Ley Electoral y la norma que regula la financiación de los partidos políticos sólo ha sido cumplido de refilón y en el marco del pacto antiterrorista firmado en diciembre de 2000.
A través de las modificaciones introducidas en seis textos legales, los dos principales partidos han buscado mejorar la gobernabilidad en los ayuntamientos vascos y cegar las vías de financiación pública a Batasuna. Sin embargo, queda pendiente aun una reforma más ambiciosa para asegurar la máxima transparencia y limitar los gastos electorales, compromisos ambos contraídos por el presidente hace dos años.
Para cuando Aznar comparezca en el debate sobre el estado de la nación, el próximo 15 de julio, ya habrá entrado en vigor la nueva Ley de Partidos, aunque está previsto que el Congreso de los Diputados no promueva la ilegalización de Batasuna hasta el otoño.
En el tintero queda también la revisión del sistema público audiovisual, otra promesa hecha por el presidente con proyección sobre las televisiones y radios de titularidad estatal, autonómica y municipal.