El deterioro económico fuerza a la UE a flexibilizar las metas fiscales
El Ecofin de la huelga', como denominan fuentes de la presidencia a la reunión de La Moncloa, buscaba anoche el consenso de los Quince sobre las orientaciones generales de política económica para 2002, uno de los instrumentos de coordinación económica de la UE. Portugal, Italia, Reino Unido y, sobre todo, Francia acudían a la cita con serias reticencias para comprometerse en un objetivo de equilibrio fiscal a corto plazo.
Pero la presidencia española confiaba en lograr el acuerdo con una fórmula que supedite la eliminación del déficit a tasas de crecimiento razonables.
La reunión se celebra, además, después de que el presidente francés, Jacques Chirac, haya superado con éxito sus cuatro retos electorales. 'No es lo mismo negociar con un Gobierno interino, que con uno que ya ha pasado las elecciones', reconoce la presidencia. 'La incertidumbre se ha cerrado definitivamente'.
El pasado 4 de junio, el nuevo ministro francés de Economía, Francis Mer, se negó a aceptar unas orientaciones macroeconómicas que exigen el equilibrio presupuestario antes de 2004. Un objetivo difícil de compatibilizar con el recorte impositivo que Chirac ha agitado durante dos meses como principal promesa electoral.
'La fecha de 2004, como límite para alcanzar el equilibrio, es una recomendación de la Cumbre de Barcelona', recuerdan fuentes de la presidencia. 'Ahora intentaremos buscar una solución de compromiso. Habrá que sopesar las distintas posiciones'. Pero el comisario de Asuntos Económicos, Pedro Solbes, que también acudió a la Moncloa, teme que la interpretación flexible de los plazos equivalga a posponer sucesivamente el plazo para la consecución del equilibrio fiscal. 'Primero nos marcamos el objetivo de 2002 y ahora 2004. No debemos retrasarlo de nuevo', ha advertido ante el Parlamento Europeo.
Los ministros de Economía también se ocuparán de la armonización fiscal de la energía, un expediente considerado tabú durante casi seis años por el propio Rato. España levantó finalmente el veto tras el acuerdo de la Cumbre de Barcelona para avanzar en la liberalización del mercado energético.
El grupo de alto nivel que ha trabajado desde entonces sobre el tema presentará un informe en el que, según la presidencia española, sólo existen discrepancias respecto al tratamiento fiscal del gasóleo profesional. Francia y Alemania, frente a los deseos armonizadores de la Comisión Europea, defienden una exención permanente para esos trabajadores. España asegura que deja el expediente 'prácticamente preparado para que bajo presidencia danesa [a partir del 1 de julio] pueda estar todo solventado'.
Los acuerdos del Ecofin pasarán hoy a ser debatidos, y previsiblemente ratificados, por los jefes de Estado y de Gobierno en el Consejo de Sevilla. Los líderes europeos escucharán, además, un informe de la Comisión sobre los servicios públicos considerados de interés general, el abastecimiento energético y el marco de regulación del sector. El informe es un encargo del Consejo de Barcelona al Ejecutivo comunitario, en el marco de las reticencias expresadas entonces por Francia a la liberalización energética. París quería ratificar el compromiso de los Quince con una cuestión considerada tabú en Francia.
El grupo de expertos liderado por el holandés Jaap Winter, asesor legal de Unilever, entregará en la Cumbre de Sevilla su informe sobre gobierno corporativo de las empresas cotizadas en Europa. El estudio forma parte de la revisión de la legislación de mercados financieros que la UE ha acometido para acelerar su integración garantizando, al mismo tiempo, la máxima protección al inversor. La primera parte del informe, presentada antes de la Cumbre de Barcelona, debía servir de base para la elaboración de una directiva de opa tras el fracaso del anterior intento de armonización. Pero la debacle del gigante energético Enron y la consiguiente ola de desconfianza entre los mercados obligaron a ampliar el ámbito del informe de Winter.
El grupo de expertos se decanta por potenciar el control de los consejos de administración y delimitar claramente las funciones de los consejeros independientes. Entre las recomendaciones se incluirá también la necesidad de aislar los comités de auditoría y de remuneraciones, para intentar preservar su independencia respecto a la gerencia de la empresa. Winter descarta la elaboración de un código de conducta europeo sobre gobierno corporativo.