Rato afirma que la norma de opas española es de las más estrictas
Irán encaminados a modificar lo que se entiende por toma del control de una empresa y a aumentar los derechos de los accionistas. El Gobierno estudia dos modificaciones de la normativa de opas que mejoren la protección del pequeño accionista. Pero, según dijo ayer el ministro de Economía, Rodrigo Rato, ante la Comisión de Economía del Congreso de los Diputados, considera adecuado el límite del 25% del capital, por debajo del cual el comprador de acciones de una sociedad no está obligado a lanzar una oferta pública de adquisición de acciones.
Ahora bien, el Gobierno sí estudia fijar las condiciones que se establecen para entender cuándo una empresa se hace con el control de otra. En concreto, señaló que tanto la CNMV como el Gobierno estudian 'si existen criterios objetivos que permitan apreciar mejor cuándo se produce el cambio de control de una sociedad cotizada que determine la obligación de formular una opa'.
Entre estos elementos estaría el precio que se paga por los paquetes accionariales. No obstante, Rato matizó que el porcentaje del 25% que obliga a un eventual comprador a lanzar una opa es 'uno de los más reducidos del mundo'. Asimismo, aseguró, se barajan varios sistemas para que los accionistas minoritarios ejerzan el derecho al voto en el seno de las empresas.
Esos cambios se producen después de que BBVA y SCH traspasasen paquetes accionariales ligeramente en Bami, Vallehermoso y Sacyr que otorgaron al comprador el control de la empresa pero que, al ser inferiores al 25%, no obligaron a dicho comprador a lanzar opa. Así, los minoritarios no cobraron primas de hasta el 60%.
Por otra parte, Rato confirmó en su comparecencia que el Ejecutivo creará, antes del mes de agosto, una comisión especial de carácter técnico para estudiar los criterios de actuación a los que deberán someterse los consultores, analistas financieros y demás entidades que prestan servicios profesionales a las sociedades cotizadas.
El objetivo de esta medida, que responde a una proposición no de ley del PP aprobada el pasado mes de abril en el Congreso, es aumentar la transparencia y la seguridad en los mercados financieros, con recomendaciones y pautas de comportamiento para profesionales del sector.
La proposición del PP que dio origen a esta iniciativa se conoció a finales del pasado mes de febrero y el desencadenante de la misma fue la situación creada con el caso de la compañía eléctrica estadounidense Enron, en el que se produjeron graves deficiencias en las labores de auditoría, consultoría y análisis bursátil.