Garantías para los inversores
La decisión de Arthur Andersen de poner fin a su actividad como auditora en EE UU, tras ser declarada culpable de obstrucción a la justicia en el caso abierto por su implicación en la crisis del gigante energético Enron, supone el inicio de una nueva etapa para las firmas de servicios profesionales en todo el mundo.
El debate de quién audita al auditor nunca ha estado más en boga. La Security and Exchange Commision (SEC), el máximo organismo bursátil de EE UU, lleva meses trabajando en una reforma de los sistemas de control de la contabilidad empresarial que no acaba de satisfacer a nadie, pero que todos reclaman como necesaria ante la crisis de confianza generada por los últimos escándalos financieros y que está contribuyendo desde la segunda mitad del año pasado a la inestabilidad de las Bolsas mundiales. No sólo las compañías auditoras, con Arthur Andersen a la cabeza, están en el ojo del huracán. Los bancos de negocios también se ven obligados a reforzar sus famosas murallas chinas ante la sospecha de que el negocio de asesoría y el bancario que desarrollan obedece en ocasiones a un cruce de intereses al margen de los inversores.
En el caso de las firmas de servicios profesionales se ha convertido en un clamor la exigencia de separar las actividades de consultoría y de auditoría. La vinculación de las auditoras con las empresas auditadas, sobre todo en las grandes compañías cotizadas, ha creado indeseables relaciones de connivencia que han tenido su máximo exponente en la debacle de Andersen. La organización internacional Arthur Andersen, con casi 90 años de historia, inició el camino de su desaparición cuando fue acusada por el Gobierno de EE UU de obstrucción a la justicia por destruir documentos que mostraban cómo se habían maquillado las cuentas de Enron en otoño del año 2001. La crisis del grupo energético desembocó en la mayor suspensión de pagos de la historia.
Desde el pasado mes de enero han sido legión las empresas que han prescindido de los servicios de un grupo que, si bien ocupaba el quinto lugar en el ranking estadounidense del sector, es líder indiscutible en el mercado español por volumen de facturación y por la relevancia de las empresas que lo tienen como auditor. Aunque ha sido una sorpresa la endeblez del argumento esgrimido por el jurado para respaldar el veredicto de culpabilidad contra la firma, el proceso pone de manifiesto el interés del juez por resolver de forma rápida una crisis que ha sacado a la luz pública la debilidad de los mecanismos de control que actúan en el mercado.
La sentencia, que no se dará a conocer en su integridad hasta el próximo 11 de octubre, da pie además al inicio de miles de demandas contra la firma y reactiva los numerosos contenciosos abiertos a raíz del caso Enron. La crisis puede salpicar, y de hecho está salpicando ya, a muchas instituciones, incluso sin que tengan relación directa con Enron. Merrill Lynch o Goldman Sachs, por ejemplo, han sido expedientados por la SEC por su forma de operar, en la nueva cruzada abierta por el organismo de supervisión bursátil contra las prácticas poco ortodoxas que tienen numerosas empresas. Estos bancos han hecho propósito de enmienda y han redactado una especie de código ético para despejar posibles dudas sobre su limpieza a la hora de formar su cartera de valores de referencia o de preparar la salida a Bolsa de una compañía.
Pero la crisis de confianza no sólo ha afectado a las instituciones. Más de una docena de altos ejecutivos de compañías de distintos sectores se han visto obligados a presentar su dimisión a lo largo de los últimos meses, ahondando en la impresión de falta de limpieza que impregna a los mercados financieros. La transparencia es un requisito fundamental para que los mercados funcionen y los hechos que están siendo investigados por la SEC y las autoridades judiciales estadounidenses han puesto de manifiesto el irregular comportamiento de un sistema que estaba aparentemente bien engrasado, pero que ha demostrado una preocupante existencia de sombras.