Los Quince ponen en riesgo el plan de ampliación por las ayudas agrícolas
E 1 de enero de 2004 la UE sumará 75 millones de personas a sus 300 millones de habitantes actuales. La explosión demográfica sólo exige que se cumpla el calendario de negociación pactado por los Quince, en el que se prevé que 10 países candidatos concluyan sus negociaciones de adhesión antes de finales de este año.
Pero las negociaciones para llegar a esa meta han embarrancado en este primer semestre de 2002. La Comisión Europea había reservado para la presidencia española el honor de fijar la posición negociadora en los capítulos con mayor impacto económico (política regional, estructural y agrícola).
El comisario de Ampliación, Günter Verheugen, autor del calendario, está dispuesto, al menos, a firmar la crónica de un fracaso anunciado que le ha tocado protagonizar al ministro de Asuntos Exteriores, Josep Piqué. 'Nunca pensé que pudiéramos cerrar la negociación agrícola antes de las elecciones [de septiembre] en Alemania', reconoce ahora el comisario alemán.
En efecto, Piqué y sus homólogos se toparon ayer en Luxemburgo con la negativa innegociable de Alemania en lo tocante a los subsidios directos a los agricultores del Este. Berlín cuenta con el apoyo incondicional de Holanda.
No más gasto
Los dos países se niegan a cerrar una posición negociadora antes de que se inicie la revisión de la política agrícola común. 'Tomar una decisión ahora significa comprometerse por demasiado tiempo', se justificó el ministro alemán Joschka Fischer. Su jefe de filas, pero rival electoral, el canciller Gerhard Schröder, recordaba en un artículo el domingo que 'la extensión de la PAC actual hasta 25 miembros supondría un gasto suplementario anual de 8.000 millones de euros, la cuarta parte pagados por Alemania'. Bruselas presentará a mediados de julio su proyecto de reforma agrícola, pero la negociación se prolongará más allá de 2003.
El lanzamiento de la nueva ronda comercial en Doha acorraló a los defensores acérrimos de la PAC, como Francia y España. Pero la ola de proteccionismo desatada por la Administración de George W. Bush ha llegado justo a tiempo para justificar un retraso en la reducción de los subsidios agrícolas en Europa (que suponen el 48% del presupuesto comunitario). Alemania y Holanda temen que el aliento reformista se desvanezca definitivamente con la llegada de candidatos como Polonia, Lituania o Letonia, donde más del 15% de la población activa pertenece al sector terciario.
La UE concede pagos directos a los agricultores europeos desde 1992, en principio como una compensación ante la caída de los precios, pero se han convertido en un apoyo a la renta o en un salario social. La CE propone que los agricultores del Este se beneficien progresivamente de los mismos pagos a partir de 2004.
Desacuerdo en las sanciones por inmigración ilegal
La presidencia española ha redactado un proyecto de conclusiones respecto a la cooperación con terceros países de origen y tránsito en la lucha conjunta contra la inmigración ilegal que divide a los Quince, informa Sara Acosta desde Luxemburgo.
En la reunión de ministros de Asuntos Exteriores, los Estados se mostraron ayer de acuerdo con el contenido del texto excepto en la posibilidad de sanción a los países que no colaboren en la lucha contra la inmigración ilegal. Concretamente, la parte en que la UE declara que 'en cualquier nuevo acuerdo de cooperación, asociación o similar que la UE o la Comunidad celebren con los países de origen o tránsito considerados se incluirá una cláusula relativa a la cooperación en la gestión común de los flujos migratorios. En caso de negativa a cumplir las obligaciones contenidas en dicha cláusula, se aplicarán los mecanismos pertinentes de diálogo o de resolución de controversias previstos en estos acuerdos, que podrán incluir la suspensión del acuerdo'. Esta medida afectaría sólo a los nuevos acuerdos, no tendría efecto retroactivo.
Francia, Suecia, Finlandia y Luxemburgo no están de acuerdo en incluir esta última parte, ya que, según Francia, 'pone demasiado el acento sobre el castigo, algo que no sería productivo, sino que produciría más bien el efecto contrario de lo que se quiere conseguir'. Además, 'esto no va a solucionar el problema', sino que es sólo una punición 'a la población más desfavorecida y agravará el problema de los flujos migratorios'. Francia añade que 'no es el mensaje que queremos dar a los terceros países con los que colaboramos. æpermil;stos no tienen los medios suficientes para combatir la inmigración ilegal'.
Si el acuerdo sobre inmigración ilegal no se alcanza, la proposición de la presidencia pasará en Sevilla como un documento suyo, pero no como una decisión del Consejo de Ministros.