¿Un ministerio de la empresa?
Ahora que parece que estamos en vísperas de cambios en el Gobierno, o al menos eso dicen en los mentideros monclovitas, no estaría de más que, al margen de los relevos de personas y los movimientos sucesorios, la anunciada remodelación sirviera también para acometer una reordenación de algunos departamentos ministeriales, en aras de conseguir una mayor racionalidad y eficiencia en la gestión. Una redistribución de competencias menos vinculada a guiños electoralistas o brindis al sol de una falsa modernidad revestida de galas tecnológicas y más en sintonía con las necesidades y demandas de nuestra realidad económica y social.
Con esta perspectiva, son muchas hoy las voces que desde la sociedad empresarial critican, y cada vez menos veladamente, la actual dispersión de responsabilidades, instrumentos y gestión de las políticas de apoyo a las empresas que, en muchas ocasiones, está generando ineficiencias en la aplicación de los programas, escasa rentabilidad de los recursos financieros y una tramitación administrativa caracterizada por su complejidad y lentitud. Circunstancias éstas que inciden, finalmente, en un deterioro de la posición competitiva de las empresas españolas obligadas a competir en una sociedad global e internacionalizada.
La supresión primero del Ministerio de Comercio y Turismo, uno de los grandes aciertos del último Gobierno socialista, y del Ministerio de Industria, después, han generado una importante disfunción de actividades y una pérdida de peso real en las prioridades del Gobierno, muy remotamente compensadas por la creación de un Ministerio de Ciencia y Tecnología de contenido heterogéneo, vinculado esencialmente al control de las telecomunicaciones y carente de imagen y credibilidad entre los potenciales destinatarios de su actividad, que son los creadores de empleo y de riqueza.
Es por ello que, cuando también vuelve a comentarse la posibilidad de resucitar el extinto Ministerio de Industria, podría resultar interesante plantearse, de una vez por todas, la creación de un ministerio que, llámese como se llame, tuviera como actividad fundamental la prestación de servicios a la empresa. Un ministerio que englobara desde las políticas horizontales de fomento de la industria hasta las de pequeña y mediana empresa, pasando por el comercio y las inversiones exteriores, el turismo, la energía, la investigación y el desarrollo tecnológico o las actividades sectoriales que todavía no han sido transferidas a las comunidades autónomas o absorbidas por la UE, entre otras.
Hubo un antiguo ministro de Industria del PSOE, Claudio Aranzadi, que pasó a la pequeña historia económica de España por afirmar que 'la mejor política industrial es la que no existe'. Hasta hoy no se sabe de ningún alto cargo del Partido Popular que públicamente se haya adscrito a esta teoría pero, y reconociendo sus importantes aciertos a nivel macroeconómico y fiscal que han aliviado a las empresas de lastres ajenos al desarrollo de su actividad, también es cierto que su atención hacia la empresa se caracteriza tanto por la aprobación de grandes planes emblemáticos como por la falta de coordinación y la escasez de recursos presupuestarios para que, luego, resulten eficaces.