Huelga contra la desprotección social
CC OO y UGT hemos decidido convocar una huelga general. Una medida de carácter ciertamente extraordinario y poco frecuente, que implica un compromiso firme de las organizaciones sindicales con los objetivos señalados en la convocatoria y un gran esfuerzo para las organizaciones convocantes y los hombres y mujeres que participan en la huelga.
Medida extraordinaria ante una decisión inaudita e inexplicable del Gobierno. Las organizaciones sindicales habíamos firmado con las empresariales un acuerdo sobre la negociación colectiva a desarrollar en este 2002. Había un clima de diálogo y negociación que trataba de contribuir a superar las dificultades que había en el horizonte económico, social y político. Pero parece que al Gobierno ya no le interesa mantener cauces de negociación y se lanza a la arena dinamitando el diálogo y buscando la confrontación.
Experiencia de negociación no nos falta a ninguno y hemos podido abordar asuntos tan espinosos como éstos en otras ocasiones. Pero han ganado en el Gobierno quienes consideran el diálogo una rémora y ven en su mayoría absoluta una capacidad de decisión indiscutible. Sólo esto explica que el Ministro de Trabajo nos dijera desde el primer día que esto son lentejas. Este nuevo clima, jaleado incluso desde las mismas organizaciones empresariales firmantes del acuerdo, hace peligrar la continuidad para años venideros.
Peligro explicado también por el cambio de objetivos. Con el Acuerdo sobre la Negociación Colectiva-2002 se pretendía hacer valer la estabilidad en el empleo como garantía de competitividad para las empresas, de forma que frente a decisiones de flexibilidad externa se primaran negociaciones de flexibilidad interna; la cualificación y formación de los trabajadores, así como la inversión en nuevas tecnologías como camino para incrementar la productividad y la competitividad; la igualdad de oportunidades como base imprescindible para facilitar la incorporación de las mujeres a un empleo.
Con el decretazo el camino es justamente el inverso: un empleo más precario y desprotegido, que responde a la decisión de competir en sectores de bajos costes laborales y no en aquellos que aporten más valor añadido; un empleo en el que la estabilidad, la cualificación y la formación ya no responden a una apuesta a largo plazo sino que se consideran sólo aspectos secundarios. Por tanto, quien apoya el decretazo hace inviable el Acuerdo sobre la Negociación Colectiva-2002.
Decisión inaudita la del Gobierno, que aprovecha el momento de presidencia de turno de la UE para meterse en este berenjenal. Nada más pasar el ecuador de su presidencia, Aznar decide dar un ejemplo al resto de Europa y, como estatua de Colón, señalar con su dedo el camino a emprender en el conjunto de la Unión. Desmantelemos los sistemas de protección social, dice Aznar, porque los trabajadores no se lo merecen, para las empresas es costoso y supone un reparto de la riqueza en dirección opuesta a la que nosotros pretendemos.
Todavía no ha entendido Aznar que la flexibilidad requiere seguridad. Palabra que sólo es capaz de vincular con el orden público, sin comprender que la existencia de redes de seguridad ante contingencias de todo tipo, como el paro, la enfermedad, la invalidez o la vejez, contribuye a mantener no sólo la capacidad de consumo necesitada por las empresas sino la tranquilidad requerida por los trabajadores tanto dentro como fuera de su actividad laboral. No entiende Aznar que socavar las redes de seguridad de los sectores más débiles de la población es lo que mina la participación ciudadana y democrática en otros países.
Decisión, además, inexplicable del Gobierno cuando se adopta en un momento en el que contando con un excedente de cotizaciones por desempleo que alcanza los 3.500 millones de euros, tenemos a un amplio número de personas desempleadas sin recibir ni un euro de protección económica. No hay una crisis ni general ni del sistema de protección por desempleo que explique la decisión adoptada. La única explicación económica que encuentro me la da el Ministro de Hacienda cuando promueve una reforma fiscal que sólo se sustenta, para mantener el equilibrio presupuestario, en la apropiación del excedente de las cotizaciones por desempleo.
En definitiva, el Gobierno decide emprender otro camino en el que la presencia de las organizaciones sindicales retrasa el ritmo de marcha que ellos desean, hay lastres que deben ser soltados como son los costes de las redes de protección, y los trabajadores son considerados meros acompañantes provisionales que soportan la carga y se cambian en cada posta del camino. Un camino hacia la ruina, tanto en términos económicos como sociales.
Facilitar el despido, abaratándolo y haciendo cada día más procedente lo intolerable; colocar el horizonte de un empleo precario como único destino para los hombres y mujeres de este país; dificultar, y en algún caso imposibilitar, el acceso a la protección cuando una persona ha sido despedida; y procurar la inmediata expulsión del sistema protector de quien consiguió acceder a él, son las líneas conductoras del decretazo. No es posible que alguien considere que ante ello miraríamos hacia otro lado. Esto sí sería una seria irresponsabilidad de las organizaciones sindicales. Es la misma responsabilidad la que nos llevó a firmar acuerdos y la que nos lleva ahora a firmar la convocatoria de una huelga general.
Sin duda será un éxito. Sin duda tratará el Gobierno de negarlo. Pero tenemos razones, podemos explicarlas y queremos impulsar nuestras propuestas alternativas. Aznar puede seguir actuando como un fanfarrón de barrio o puede escuchar la voz de los trabajadores. Después del 20-J lo veremos.