La industria auxiliar de la construcción reclama el pago a 30 días
Los proveedores de materiales de construcción calculan que eliminarán 6.000 millones de euros de cargas financieras de sus resultados si el Gobierno transpone literalmente la directiva sobre medidas para luchar contra la morosidad en las transacciones comerciales. Esta norma -aprobada el 29 de junio de 2000 y que debería incorporarse al Derecho español antes del próximo 8 de agosto- establece para todas las transacciones una dilación máxima de 30 días en el pago, de no existir otro acuerdo previo entre las partes.
Transposición
El presidente de la Confederación Española de Asociaciones de Fabricantes de Productos de Construcción (Cepco), Eduardo Góngora, dio a conocer ayer que su organización ha remitido al Gobierno su posición respecto a la incorporación de esta directiva, solicitando que se establezca 'un periodo de pago imperativo de 30 días'.
Góngora explicó su preocupación por la inferioridad de condiciones en la que se hallan los proveedores respecto a las grandes constructoras para negociar los plazos de pago por sus servicios, ya que el 90% de las 2.500 empresas representadas por Cepco son pymes.
El presidente de esta patronal explicó que los plazos habituales que soporta el sector para el cobro, 'unas veces por abuso y otras por costumbre', son de 180 días después de haber efectuado el suministro de los pedidos, que, 'en muchos casos', se dilatan hasta 210 días. Aseguró también que las Administraciones públicas tienen establecido un periodo de pago de 60 días con las grandes.
La deuda viva que mantienen las constructoras con la industria auxiliar de la construcción se sitúa en torno a 7.200 millones, sobre una facturación conjunta anual de 36.000 millones de euros. Según Góngora, las cargas financieras que asume este sector por las dilaciones en el pago suponen 'entre el 2% o 2,5% de la facturación', por lo que la reducción de los plazos hasta los 30 días 'supondría rebajar este porcentaje hasta el 0,5% o 1%'.