Ayudas

La nueva ley agrícola de EE UU perfila un retroceso en el comercio mundial

El momento no era el más propicio para ello. Tan sólo seis meses después de apoyar en la Cuarta Reunión Ministerial de la OMC, celebrada en Doha, la reducción con vistas a la eliminación de los subsidios agrícolas, la Administración estadounidense ha aprobado una ley por la que se autorizan ayudas a los agricultores por valor de unos 190.000 millones de dólares (203.000 millones de euros) en 10 años.

La noticia no ha sentado bien en la UE, que ha pasado de ser el mercado más criticado por conceder ayudas a los agricultores, agrupadas bajo el manto de la política agraria común (PAC), a protagonizar las denuncias más incisivas contra el proteccionismo de EE UU.

La primera respuesta europea está en la reforma de la PAC. Hasta julio no se conocerá la propuesta de su reforma, prevista en un principio para este mes, pero el comisario de Agricultura, Franz Fischler, ya ha advertido que la ley estadounidense 'se tendrá en cuenta' a la hora de prepararla. 'Todos los expertos están de acuerdo en que esta ley tendrá un efecto negativo', afirmó Fischler el pasado viernes en Madrid. 'Nadie puede adelantar cuál va a ser el efecto en los precios', dijo, aunque se espera que un informe lo determine dentro de dos semanas. Lo que sí adelantó Fischler es que los precios de cereales serán peor de lo esperado y criticó la modalidad de ayudas aprobadas por EE UU, porque 'el granjero no tendrá en cuenta si hay un exceso de producción en el mercado'. La ley introduce un mecanismo de ayuda, eliminado en 1996, por el que los agricultores recibirán ayudas cuando el precio del mercado esté por debajo de unos límites.

La respuesta europea también se hará notar en las negociaciones que se celebran en Ginebra. 'Vamos a tener una postura mucho más dura en la OMC', advirtió Fischler.

El agrícola fue uno de los capítulos más espinosos en la aprobación de la ronda de Doha, en la que se recoge una eliminación paulatina de los subsidios. Ya la anterior ronda, la de Uruguay, contemplaba la reducción de los aranceles de un 36% hasta 2000 para los países más avanzados, de un 20% para las ayudas totales y de un 36% para los subsidios a la exportación.

Sin embargo, la reducción de la ayudas es muy lenta. Así lo sostiene la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico (OCDE) en su informe anual de 2001, publicado la semana pasada. 'La reforma de la política agrícola ha sido lenta, variable e insuficiente', dice el escrito. 'Los actuales niveles de apoyo imponen una carga a los consumidores y a los contribuyentes de los países de la OCDE, sin transferir ingresos efectivos a los agricultores que lo necesitan'.

Ayudas 'censurables'

El total de las ayudas al sector alcanzó en 2001 un monto de 347.217 millones de euros, un 1,3% del PIB de la OCDE, ligeramente por debajo de los 348.431 millones destinados en 2000. De ellos, la UE concedió 117.940 millones, y EE UU, 106.366 millones.

Las diferencias entre los distintos países son destacables. El apoyo a los productores en EE UU asciende al 21% de los ingresos agrícolas, y en la UE, del 35%. La media de la OCDE fue en 2001 del 31%.

El problema que puede suponer este proteccionismo en la ronda de Doha se prevé, pero aún está por materializarse. Mazda Petschen, de la OMC, espera que los miembros presenten sus quejas en la sesión ordinaria del 28 de junio y reconoce el ambiente de crispación que se vive en Ginebra por 'la actitud de un país que aboga por la liberalización'. Fuentes de la organización aseguran, no obstante, que los nuevos subsidios, aunque son censurables 'desde el punto de vista de sus compromisos y sientan un mal precedente', están dentro de sus límites legales.

Los agricultores europeos preparan una manifestación para el 11 de julio para protestar por la ley estadounidense y pedir a la UE que lidere la oposición en la OMC.

En España, los pequeños agricultores, agrupados en UPA, y la ONG Intermón-Oxfam piden que la reforma de la PAC incluya una mejor distribución de las ayudas. Ambas organizaciones denuncian que la actual PAC provoca dos distorsiones. Por el lado territorial, protege más al centro y norte de Europa que al sur. Por el de los productores, critican que el 80% del gasto se concentre en el 20% de los propietarios de la tierra. En España, el 0,6% de los productores recibe el 20% de las ayudas.