Info XXI se retrasa por falta de financiación
Muchos proyectos del plan tecnológico del Gobierno están parados por falta de financiación y otros se han cerrado. Pocas empresas quieren colaborar
Hola, soy el recaudador. Quería saber si estáis dispuestos a colaborar con el proyecto'. En la presentación del programa Internet para todos, el pasado 16 de mayo, un hombre que se definía a sí mismo como 'el recaudador del ministerio' se dirigía a los representantes de las empresas que habían acudido al acto para pedir 180.000 euros por colaborar en el proyecto. 'Extraña forma de buscar patrocinadores', exclama sorprendido el directivo de una de estas compañías. 'Nosotros hemos decidido no colaborar', afirma el responsable financiero de un portal. 'Si el programa ya está en marcha, ¿de qué sirve nuestro patrocinio?'.
Internet para todos, uno de los proyectos más ambiciosos del plan tecnológico Info XXI, destinado a formar a más de un millón de personas en el uso de la Red, ha tenido muchos problemas de financiación. El Ministerio de Ciencia y Tecnología había destinado a este programa un presupuesto de 22,81 millones de euros, pero finalmente, tras un concurso para su adjudicación que quedó desierto, han sido cuatro las empresas que han financiado el grueso del proyecto. Telefónica, BBVA, Microsoft e IBM, aportando cada una 600.000 euros, han logrado que el programa salga por fin adelante. El 'recaudador', no obstante, continúa su trabajo. Según confirman fuentes del ministerio, el patrocinio sigue abierto a pesar de que los cursos deberían haber empezado hace semanas.
Otros proyectos de Info XXI no han corrido tanta suerte. Muchos se encuentran empantanados por falta de financiación privada. Es el caso de la Red Iris, una red de alta capacidad para la investigación conectada con otras europeas. La segunda fase de este plan está pendiente de que alguna empresa se haga cargo de las conexiones y de los equipos. Algo similar ocurre con el proyecto Internet en las escuelas, cuyo objetivo es extender el acceso a la Red a todos los centros educativos a través de banda ancha. El programa no está en marcha todavía en ningún colegio, ya que no está claro quién se ocupará de aportar los miles de ordenadores que harán falta. 'Estamos negociando con IBM, pero aún no hay nada firmado', aseguran en el ministerio.
Otros proyectos han sido abandonados. Es el caso de los puntos de acceso público a la Red, que en un principio se iban a instalar en las oficinas de Correos. Los 625 ciberquioscos no se han llegado a abrir porque, según aseguran en Correos, la financiación nunca llegó. Según el ministerio, después de la privatización parcial de esta entidad, los nuevos gestores no lo han considerado rentable. Así que el acceso público a Internet se realizará sólo en las bibliotecas, aunque por el momento hay muy pocas que permitan este servicio.
El derecho de petición por Internet, un proyecto que iba a facilitar la tramitación de peticiones de los ciudadanos a través de la Red, también está olvidado definitivamente. Esta vez no es por falta de financiación, sino porque no se consultó con expertos jurídicos antes de lanzarlo, y un año y medio después se he constatado que el derecho de petición no tiene ninguna validez jurídica si se hace por Internet.
Cambio de rumbo
Hay opiniones que aseguran que Info XXI se ha desinflado, y que desde el Gobierno se pretende diluir las 21 acciones concretas que se presentaron en enero de 2001 en un puñado de planes desordenados y sin conexión. Félix Lavilla, senador del Grupo Parlamentario Socialista, lleva meses insistiendo en obtener la ejecución presupuestaria del plan sin ningún resultado. 'En una respuesta parlamentaria del Gobierno del 14 de mayo se dice que Info XXI es sólo un documento de trabajo y que por eso no se puede proporcionar información', afirma Lavilla. 'El Gobierno ha preferido asumir el coste político que supone cambiar de concepto lo que se anunció como el plan tecnológico más ambicioso, que dar información concreta de la ejecución del plan'.
Baudilio Tomé, secretario de Estado de las Telecomunicaciones, reconocía la semana pasada en el Senado que 'muchas de las previsiones de hace apenas dos años para la extensión de la sociedad de la información han resultado fallidas, pero lo mismo ha ocurrido en toda Europa'. En el Ministerio de Ciencia y Tecnología creen que lo más importante de Info XXI no es la ejecución presupuestaria. Se trataba, dicen, de cundir ejemplo entre los ministerios y dar un impulso a la sociedad de la información. Sin embargo, los indicadores de la OCDE sitúan a España en los últimos puestos de implantación tecnológica y la oleada más reciente del Estudio General de Medios refleja un parón en el crecimiento de usuarios de Internet. Info XXI no ha logrado por el momento invertir esta tendencia.
300.000 personas ni siquiera tienen acceso
Para Ana Botella, que acudió el 16 de mayo a la presentación del proyecto Internet para todos, la Red es una excelente cantera de trabajo para las mujeres. 'Aquellas que viven en un pueblo pequeño y hacen productos artesanales pueden venderlos por Internet', afirmó convencida. La esposa del presidente del Gobierno estaba cometiendo un error de cálculo, ya que suponía que el acceso a Internet está al alcance de todo el mundo.
No es así. Actualmente son más de 300.000 los ciudadanos que no pueden acceder a la Red por imperativos geográficos, especialmente en pequeños pueblos donde aún existen los llamados TRAC (teléfonos rurales de acceso celular), que no permiten la conexión a Internet. El plan Info XXI contempla la sustitución de estos aparatos, pero por el momento no hay nada hecho. 'Junto al de formación, el TRAC es uno de los retos del plan', se limitan a decir en Ciencia y Tecnología.
La Asociación de Ingenieros en Informática (AI2), que engloba a unos 2.000 profesionales, también ha denunciado el olvido de las zonas geográficas más desfavorecidas por parte del plan Internet para todos. Según este programa, un centro con menos de 67 alumnos recibe siete euros por alumno y, por el contrario, un centro con más de 125 alumnos al mes recibe 13 euros.
'Por tanto, las zonas rurales y áreas desfavorecidas, que ya tienen dificultades para concentrar alumnos, van a recibir menos subvención que el centro de las ciudades, llenas de cibercafés comerciales. ¿No debería ser al revés?', se pregunta Jacinto Canales, presidente de AI2. 'En todo caso, dar clase por menos de un euro/alumno/hora no parece demasiado atractivo'.
La asociación también denuncia que se haya elegido a Microsoft como único proveedor de software en los centros. 'Aunque haya puesto millones para financiar el programa, no se debería cerrar la puerta a otros fabricantes, que pueden usarse libremente'.