El plan económico de Argentina no termina de convencer al FMI
Es indudable que los avances que ha realizado el Gobierno argentino en la consecución de un acuerdo con el Fondo Monetario Internacional (FMI) han sido importantes. De hecho, tras el decreto que fijaba las directrices para disolver el corralito y la firma de los acuerdos con las principales provincias para reducir el déficit público, ya se ha cumplido en el papel con las 'acciones previas' que exigía el FMI para iniciar las negociaciones.
La Administración argentina e incluso altos funcionarios de la estadounidense, como el secretario de Estado, Colin Powell, han señalado que las condiciones están dadas para que se inicien las negociaciones. Sin embargo, el organismo multilateral se ha mostrado cauto, tal como lo ha sido desde el inicio de la crisis. Por un lado Horst Köhler, titular del FMI, retrasó un poco más el inicio de las conversaciones al decidir enviar una misión de avanzadilla que se centraría sólo en la evaluación de la situación actual y no en las negociaciones, dejando claro que no estaría aún convencido de que las condiciones para iniciar las negociaciones estén dadas.
El jefe del Fondo para operaciones especiales, Anoop Singh, principal negociador en el caso argentino, también ha puesto reparos señalando que la derogación de la Ley de Subversión no es satisfactoria debido a que algunos de los artículos más polémicos se mantienen en la nueva ley.
Queda claro, después de estas declaraciones, que los esfuerzos realizados recientemente por el Gobierno de Eduardo Duhalde no han flexibilizado en nada la postura del FMI. Las negociaciones podrían por lo tanto dilatarse bastante más allá de la optimista meta de fines de junio fijada por el Ejecutivo argentino. De hecho, existen numerosos puntos en los que podrían empantanarse las discusiones. Además del veto que podría exigir los artículos no derogados de la Ley de Subversión Económica, otro punto que podría demorar las conversaciones es el ajuste fiscal. A pesar de que las principales provincias ya han firmado sus respectivos pactos, tal como lo exigía el organismo multilateral, se exigirá especificar acciones concretas que permitan instrumentar el ajuste fiscal y mecanismos de castigo que creen los incentivos para realizarlo.
Otra materia en la que el FMI ha mostrado preocupación es en la solución ofrecida por el Gobierno argentino al desmantelamiento del corralito. El organismo piensa que el canje voluntario de los depósitos por bonos públicos no asegura el retorno de la confianza al sistema financiero. El FMI hubiera preferido el cambio obligatorio en vez del voluntario. Bajo la alternativa actual existe el riesgo de que los depositantes rechacen el bono público. Si esto sucediera, la situación de liquidez del sistema financiero sería crítica, ya que, de acuerdo a la nueva normativa, los bancos no recibirán liquidez del banco central sino 'bonos de compensación' que tienen un mayor plazo que el cronograma de retiro de depósitos.
A esto se debe sumar el mantenimiento del goteo generado por la salida de los depósitos a la vista y los amparos judiciales (medidas legales contra el corralito). Adicionalmente, el bono de compensación, tal como se ha calculado, no indemnizará completamente a las entidades financieras puesto que no considera, por ejemplo, la desindización a la inflación de los créditos o que los pagos de los amparos judiciales se hicieron en dólares y no en pesos. En resumen, las soluciones presentadas hasta ahora por Duhalde al FMI parecen no ser aún convincentes, por lo que serán necesarios nuevos capítulos de negociaciones en Argentina, que corren el riesgo de dilatarse.