Vilarasau tiene que dejar La Caixa si el PP no cambia la Ley Financiera en el Senado
De no cambiar la enmienda del PP al proyecto de Ley Financiera que limita a 70 años la edad de los consejeros y presidentes de cajas de ahorros, el presidente de La Caixa, Josep Vilarasau, deberá abandonar su cargo en enero o febrero de 2003, fecha en la que está previsto que se celebre la asamblea de la caja y en la que le tocaría ser reelegido. Vilarasau ha comentado en varios círculos que, si la enmienda se mantiene, dejará su cargo en las próximas semanas.
Vilarasau ha recurrido al Gobierno, a partidos políticos y a la CECA para que se elimine esta enmienda, pero hasta el momento no lo ha conseguido, a pesar de que ayer finalizó el debate en el Congreso de las enmiendas a la Ley Financiera.
El portavoz económico del PP, Vicente Martínez Pujalte, afirmó ayer a este periódico que no iba a modificar esta enmienda. Mientras que CiU aseguró que es muy difícil que se retire a su paso por el Senado. La CECA sigue insistiendo en que esta enmienda, lo mismo que la de limitar a 12 años el mandato de los consejeros y presidentes de cajas es competencia de las comunidades autónomas.
Fuentes conocedoras del proceso por el que se ha desarrollado la enmienda para limitar la edad de los consejeros (que afecta a unos 120 miembros de cajas, de ellos siete son presidentes de cajas catalanas) aseguran que desde febrero, fecha en la que Pujalte dio a conocer a intención del PP de introducir este límite, existe un pacto entre este partido y CiU para provocar la salida de Vilarasau y colocar en su lugar a Miquel Roca, aunque el PP desmiente este posible pacto.
Mientras, CiU consiguió ayer incorporar al proyecto de Ley Financiera en su debate en la Comisión de Economía una enmienda transaccional que rebaja las exigencias que pretendía incorporar el PP a los auditores. Así, la legislación obligará a las empresas a rotar a los auditores (personas físicas, socios responsables del trabajo y la totalidad de los miembros del equipo) cada siete años, pero no a la firma auditora. La enmienda afectará a todas las compañías cotizadas en los mercados oficiales, así como a cualquier otra sociedad cuyo volumen de facturación anual supere los 30 millones.
El PP pretendía hacer obligatoria esa rotación cada 12 años, pero tanto para los equipos como para la compañía. Finalmente ha reconocido que la propuesta de CiU, votada afirmativamente por todos los grupos, estaba en línea con las recomendaciones de la Unión Europea y que con ella también se garantiza la independencia en la labor auditora. 'Con esta medida se elimina claramente la percepción de que el auditor llega a tener una excesiva familiaridad con el personal clave de la entidad y que ello no suponga un deterioro de su calidad en perjuicio de los inversores ni una traba para el mercado único y la libre competencia', señaló el portavoz de Economía de CiU, Josep Sánchez Llibre.
Los auditores, satisfechos con el nuevo texto
Los representantes de los auditores manifestaron ayer su satisfacción por los cambios introducidos en el Parlamento para regular su labor y reforzar su independencia. El presidente del Instituto de Auditores Censores Jurados de Cuentas, José María Gassó, aseguró que la nueva normativa 'tiende a equipararnos con la práctica europea y las directivas que regulan la actividad auditora en la UE'. En su opinión, 'con la rotación cada siete años se consigue igualmente la fiabilidad e independencia de la labor auditora'. El presidente del Registro General de Auditores, Lorenzo Lara, declaró que 'nos congratulamos con que se hayan seguido las recomendaciones de Bruselas. Esta medida se ajusta al sentir general del sector', aunque criticó que el procedimiento elegido para reformar la Ley de Auditorías de Cuentas sea la incorporación de estas medidas a través del trámite de enmiendas a la Ley Financiera. 'La reforma tiene suficiente importancia como para tratarse en un proyecto exclusivo', afirmó.