Cuestionado futuro del sector pesquero
La reforma pesquera presentada por la Comisión Europea preconiza una fuerte reducción de los esfuerzos de pesca atendiendo a los distintos tipos y áreas y una supresión de las ayudas económicas para la modernización de las flotas. Estas ideas-fuerza cobran sentido en la medida en que el sector es consciente de la actual situación de fragilidad y descenso de los stocks.
La explotación de los recursos pesqueros sufre un desequilibrio crónico entre su reducido y limitado potencial y la fuerte capacidad de pesca que poseen las modernas embarcaciones, que ejercen una presión muy intensa sobre los mencionados stocks. Este desequilibrio, permanente hace años, es debido a la presión social derivada de la falta de alternativas de empleo en las poblaciones costeras y de la búsqueda de una rentabilidad económica inmediata por parte de ciertos empresarios y productores.
El comisario europeo de Pesca, Franz Fischler, ha querido adoptar un sistema de gestión de pesca que evitara el debate sobre cuál debe ser el objetivo fundamental de la propia gestión.
De esta forma, cuando abordamos las fases que propugna la Comisión se aprecian las contradicciones históricas de la Política Común de Pesca (PCP). O sea, si deseamos mantener el empleo al máximo, debemos sacrificar el rendimiento sostenido de los recursos; si deseamos asegurar el suministro al mercado de productos a los mejores precios, sacrificaríamos la rentabilidad biológica y social; si procuramos maximizar el rendimiento biológico, tendríamos efectos negativos sobre el empleo y sobre la rentabilidad económica; y si buscamos la inmediata rentabilidad económica de la flota estaríamos poniendo en peligro los aspectos biológicos y sociales a medio y a largo plazo.
La propuesta de la Comisión apuesta por una hibridación de medidas para presentar un compendio de posibilidades de negociación política entre los llamados países amigos de la pesca y los países amigos del pescado.
Por eso, en síntesis, ha hecho primar el recurso sobre el empleo; pero no procura una mejora de la gestión del stock ni a corto ni a medio plazo, manteniendo los actuales sistemas de discriminación y no sustituyendo los mecanismos de gestión que perpetúan situaciones ineficientes. Busca un mayor y severo control con sanciones para los infractores, pero no armoniza las normas ni pone en marcha acciones coactivas para los que continuamente infringen las mencionadas disposiciones tanto en lo que concierne a los recursos como a las capacidades de las flotas. Desea poner en funcionamiento un nuevo sistema pesquero europeo a partir de 2003, pero sostiene las excepcionalidades y singularidades de ciertos países y determinadas flotas que impiden hablar de política común.
En suma, la política común de pesca continúa al margen de los principios constitutivos de la UE en el sentido de que 'no comparte en un mercado único los recursos comunes', al establecer todavía distintos porcentajes de acceso; situaciones limitativas y preferenciales que no permiten espacio a la especialización productiva y al aprovechamiento de las ventajas comparativas, tal y como se efectúan en las actividades agrícolas, industriales y de servicios.
Al quedar la política común de pesca en manos de la diplomacia se puede correr el riesgo de acentuar el debate sobre ciertos objetivos puntuales buscando un fácil electoralismo en ciertos casos y en otros evitar sensaciones de fracaso. En cualquiera de los dos se contribuye a apostar por la continuidad de la oportunidad perdida desde hace 20 años, cuando nace la PCP. Por ello, debemos estar atentos a las peticiones que demandan singularidad en los planteamientos, ya que buscan la maximización de sus óptimos individuales, pero no olvidando la fórmula para el encaje de los pescadores en su conjunto y de las zonas altamente dependientes de la pesca.
En ese sentido, la propuesta del comisario encuentra dificultades de aceptación. Varias son las razones que están siendo esgrimidas con contundencia y razón: por un lado, perpetúa la discriminación entre flotas y entre países. De esta forma, a los países con mucha flota les ofrecen dinero para el desguace (compensación por las pérdidas de acceso); en tanto que a las otras flotas y a otros países se les asignan derechos de pesca en ciertas áreas a la vez que se les compensa con los efectos derivados de la liberalización de mercados.
Por otro lado, se perpetúa la política de falta de coherencia, ya que no existe una relación directa entre las políticas de gestión de recursos y las políticas estructurales.
Esto es, no se adecuan los mecanismos de integración de las medidas, de ahí que pudiera ocurrir que quien está pescando de manera excesiva e incumpliendo las capacidades de pesca no está siendo sancionado, por lo que las excepcionalidades, los déficit de coherencia y lo discriminatorio de la PCP son palpables.
En suma, todavía queda un camino para afrontar este desafío y buscar un futuro con certidumbre.